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Santo Domingo, 18 de noviembre. En el marco de la Operación Pandora, las autoridades dominicanas desarticularon una red criminal acusada de sustraer más de 900,000 proyectiles bajo la complicidad de varios miembros de la Policía Nacional. El Ministerio Público informó este domingo sobre la detención de nueve policías, entre ellos altos oficiales y subalternos, quienes estarían vinculados al desvío y encubrimiento de las municiones.
Entre los arrestados se encuentran el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de las armas, y el subintendente Juan Miguel Pérez Soler, junto al capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas. También figura el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, señalado por alterar auditorías para ocultar los hechos, y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central. Otros implicados incluyen al sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez, alias «Escobar», y Moreibin Medina Pérez, además de Miguelina Bello Segura, pieza clave en las operaciones del grupo.
Investigación robusta y allanamientos
El Ministerio Público destacó que la investigación inició en octubre, tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de la uniformada. En el operativo participaron más de 200 agentes de unidades especiales y 40 fiscales, quienes llevaron a cabo allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
Durante las pesquisas, se incautaron armas, municiones, evidencias digitales, registros de transacciones económicas y testimonios que consolidan el caso. Se reveló que el capitán Santos, con más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas, falsificó datos en auditorías para encubrir el desvío y manipuló cifras ante el avance de la investigación, acciones detectadas oportunamente por las autoridades.
Medidas de coerción
El Ministerio Público adelantó que solicitará medidas de coerción contra los imputados, apoyándose en un sólido conjunto de pruebas que incluye registros digitales, declaraciones de testigos y datos económicos.
Esta operación evidencia un esfuerzo contundente por parte del Estado para combatir la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y garantizar la integridad de los sistemas de control de armas y municiones en el país.
