Una coalición legal ha presentado una apelación federal ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito, buscando revertir una decisión previa que permite al gobierno federal denegar el reemplazo de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) robados electrónicamente. La acción, iniciada por la Legal Aid Society y Freshfields US LLP, busca proteger a miles de beneficiarios de bajos ingresos en Nueva York y en todo el país, quienes han sido víctimas de estafas generalizadas de clonación de tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (EBT).
El recurso legal argumenta que una regulación federal de 2010 sobre la sustitución de prestaciones SNAP viola la ley federal al no ser “similar” al sistema anterior de cupones de papel, que protegía a los beneficiarios cuando las prestaciones eran robadas por causas ajenas a su voluntad. Asimismo, la apelación impugna una política más reciente del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que prohíbe explícitamente a los estados reemplazar los beneficios desviados.
Edward Josephson, abogado supervisor de la Unidad de Reforma del Derecho Civil de Legal Aid Society, enfatizó la misión crítica del programa. “El SNAP es un salvavidas, y estas prestaciones suelen ser el único medio de una familia para alimentarse. Y la ley exige que el USDA proteja a los beneficiarios cuando se les roban beneficios sin su control”, aseguró Josephson, añadiendo que “esta apelación busca garantizar que la agencia cumpla con la ley y que las familias vulnerables reciban una compensación”.
Las familias afectadas exigen que se anule dicha regulación y se ordene al USDA que permita el reemplazo de los beneficios robados del SNAP, incluyendo aquellos que ya les fueron sustraídos. Se estima que en Nueva York, al igual que en otras partes del país, los beneficiarios de SNAP han perdido cientos, y en algunos casos miles, de dólares en asistencia alimentaria a manos de estafadores que usan dispositivos de clonación.
Mary Eaton, representante de Freshfields US LLP, criticó la falta de responsabilidad asumida frente a las víctimas de robo. “Este caso plantea importantes preguntas sobre la responsabilidad de la agencia y la protección que el Congreso pretendía para los beneficiarios del SNAP“, dijo Eaton, quien añadió sentirse “orgullosa de apoyar esta apelación para garantizar que las regulaciones federales se ajusten a la ley y que las familias cuyos beneficios fueron robados ilegalmente puedan recibir una compensación”.
Los demandantes subrayan que, a pesar de reconocer el aumento del robo cibernético, el USDA y su Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) “han mantenido regulaciones y políticas que impiden que los estados, incluido Nueva York, reemplacen las prestaciones robadas con fondos federales”. “Para muchas familias, estas pérdidas significaron refrigeradores vacíos, comidas perdidas y la imposibilidad de elegir entre comida y otras necesidades básicas”, aseveraron los afectados.
La necesidad de restablecer estas protecciones se vuelve más crítica considerando que más de 40 millones de personas en todo el país reciben beneficios SNAP, y que miles de ellos en Nueva York han sufrido el impacto del aumento del robo de beneficios electrónicos. Además, estimaciones oficiales sugieren que más de 1 millón de personas podrían quedar fuera del programa en los próximos años debido a nuevos filtros, exacerbando la vulnerabilidad de las poblaciones de bajos ingresos y la urgencia de garantizar que el programa cumpla su misión principal de ayudar a los hogares de bajos ingresos a acceder a alimentos.
