Nueva York, Estados Unidos – La Legal Aid Society, en colaboración con Freshfields US LLP, ha presentado una apelación federal ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito. La acción legal busca revocar una decisión judicial previa que permite al gobierno federal denegar el reemplazo de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) robados a miles de familias de bajos ingresos. Esta medida surge en respuesta al robo generalizado de saldos mediante estafas de clonación de tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (EBT), dejando a los afectados sin sustento.
El robo electrónico de beneficios ha impactado a miles de neoyorquinos y beneficiarios en todo el país, quienes han perdido cientos, y en algunos casos miles, de dólares en asistencia alimentaria a manos de estafadores. Los demandantes han denunciado que estas pérdidas a menudo resultan en “refrigeradores vacíos, comidas perdidas y la imposibilidad de elegir entre comida y otras necesidades básicas”. A pesar de reconocer el aumento del ciberrobo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y su Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) han mantenido regulaciones que impiden a los estados, incluyendo Nueva York, reemplazar estos fondos robados con recursos federales.
La apelación argumenta que una regulación federal de 2010 sobre la sustitución de las prestaciones del SNAP contraviene la ley federal. Según los demandantes, esta regulación “no es ‘similar’ al sistema anterior de cupones de papel, que protegía a los beneficiarios cuando las prestaciones eran robadas por causas ajenas a su voluntad”. Además, la acción legal impugna una política más reciente del USDA que prohíbe explícitamente a los estados reemplazar las prestaciones desviadas, subrayando la urgencia de restablecer protecciones para asegurar que el programa cumpla su misión principal de asistir a hogares de bajos ingresos en el acceso a alimentos.
Edward Josephson, abogado supervisor de la Unidad de Reforma del Derecho Civil de Legal Aid Society, enfatizó la importancia del programa: “El SNAP es un salvavidas, y estas prestaciones suelen ser el único medio de una familia para alimentarse. Y la ley exige que el USDA proteja a los beneficiarios cuando se les roban beneficios sin su control”. Josephson añadió que “esta apelación busca garantizar que la agencia cumpla con la ley y que las familias vulnerables reciban una compensación”. Por su parte, Mary Eaton, representante de Freshfields US LLP, señaló: “Este caso plantea importantes preguntas sobre la responsabilidad de la agencia y la protección que el Congreso pretendía para los beneficiarios del SNAP y nos enorgullece apoyar esta apelación para garantizar que las regulaciones federales se ajusten a la ley y que las familias cuyos beneficios fueron robados ilegalmente puedan recibir una compensación”.
El Programa SNAP asiste a más de 40 millones de personas en todo el país. La decisión de la Corte de Apelaciones podría tener un impacto significativo en la seguridad alimentaria de estas familias, especialmente en un contexto donde el robo electrónico de beneficios se ha vuelto una amenaza creciente.
