GUATEMALA.- El Congreso de Guatemala reeligió este viernes al abogado Roberto Molina Barreto como magistrado de la máxima corte del país, una decisión que ha generado controversia debido a las acusaciones que pesan sobre él por presuntamente favorecer a narcotraficantes, pandilleros y al fallecido dictador Efraín Ríos Montt.
La sesión legislativa, que inició el jueves y se extendió por aproximadamente 15 horas, estuvo marcada por forcejeos entre diputados y varias interrupciones del servicio de energía eléctrica. La plenaria incluso se prolongó hasta la madrugada del viernes para proceder con la elección del magistrado suplente.
Previo a la sesión, el presidente Arévalo había instado a los congresistas a rechazar “presiones externas”. Además, el martes anterior, el mandatario anunció que solicitaría al Departamento de Estado de Estados Unidos que aclarara supuestas versiones sobre el apoyo de ese país a la candidatura de Molina Barreto.
La Corte de Constitucionalidad está integrada por diez magistrados, cinco titulares y cinco suplentes, designados por el Congreso, el gremio de abogados, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad Estatal y el presidente. El presidente es el único que aún no ha nombrado a sus elegidos.
Roberto Molina Barreto arrastra un cuestionado legado por haber beneficiado, mediante sus resoluciones, a grupos de poder durante sus tres magistraturas previas en la corte, cuyos fallos son inapelables. En el año 2013, firmó la anulación, por errores procesales, de una sentencia de 80 años de cárcel contra el exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), quien había sido condenado por genocidio de indígenas mayas durante el conflicto armado.
Asimismo, Molina Barreto frenó la persecución penal contra presuntos narcotraficantes investigados por Estados Unidos y favoreció a Aldo Ochoa, alias «El Lobo», uno de los jefes de la pandilla Barrio 18, declarada terrorista por Washington. «El Lobo» está acusado de auspiciar motines y una serie de ataques que causaron la muerte de 11 policías el pasado 18 de enero, incidentes que forzaron al presidente Arévalo a declarar el estado de excepción.
Además de los magistrados del Tribunal Constitucional y del Fiscal General, se encuentran pendientes las elecciones de jueces titulares y cinco suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del jefe de la Contraloría.
