Nueva York.- Un estudio reciente ha revelado que la mayoría de las llamadas al número de emergencias 911 en la ciudad de Nueva York, que derivan en una respuesta policial, no están relacionadas con delitos, lo que ha reavivado el debate sobre la misión y las funciones del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).
La investigación, llevada a cabo por la organización sin fines de lucro Vera Institute of Justice, analizó más de 3.6 millones de llamadas al 911 que resultaron en el despliegue de agentes de policía durante el año 2025. Los hallazgos principales indican que solo el 42% de estas llamadas fueron clasificadas por los despachadores como incidentes relacionados con delitos.
Esto implica que el 58% restante de las llamadas que recibieron una respuesta policial correspondían a situaciones que los investigadores categorizaron como “no relacionadas con delitos”, generando interrogantes sobre la idoneidad de que otras agencias o profesionales puedan manejar una parte significativa de estas emergencias.
Entre los incidentes más comunes que no implicaban actividad criminal, se destacan disputas personales, problemas con servicios públicos, condiciones de tráfico y accidentes vehiculares.
El estudio profundizó que apenas el 28% de las llamadas al 911 reportaban un delito en curso, siendo las agresiones, los hurtos y el acoso los casos más frecuentes dentro de este grupo. Los delitos violentos representaron solo el 9% del total de llamadas analizadas, mientras que más de la mitad de los reportes (aproximadamente el 53%) correspondieron a “posibles delitos”, como la presencia de personas sospechosas o actividades vinculadas a drogas. Además, un 19% de las llamadas reportaban delitos que ya habían ocurrido previamente.
Los autores del informe concluyeron que la ciudad debería explorar modelos de respuesta civil para ciertas emergencias, particularmente aquellas que no presentan amenazas inmediatas a la seguridad pública.
“Si más de la mitad de las llamadas no están relacionadas con delitos y la policía está particularmente capacitada para abordar la criminalidad, entonces claramente necesitamos alternativas para estas respuestas”, afirmó Daniela Gilbert, directora de la iniciativa Redefining Public Safety del Vera Institute.
Una proporción considerable de las llamadas clasificadas como “no delitos” incluía situaciones de crisis de salud mental. Actualmente, la mayoría de estas emergencias culminan con la intervención policial debido a la percepción de riesgo de violencia por parte de los asesores telefónicos.
El debate ha cobrado especial relevancia tras un incidente ocurrido en enero en el barrio de Queens, donde agentes policiales dispararon contra Jabez Chakraborty, un joven de 22 años diagnosticado con esquizofrenia que sufría un episodio psicótico en su domicilio. Aunque el joven sobrevivió, el caso es un ejemplo citado por activistas y expertos para cuestionar el modelo de respuesta actual.
Según datos recopilados en la investigación, en los últimos 10 años se han registrado al menos 24 interacciones policiales en escenarios similares donde las personas involucradas fallecieron tras recibir disparos o descargas de táser.
En este contexto, el alcalde Zohran Mamdani ha propuesto la creación de un nuevo organismo municipal: el Departamento de Seguridad Comunitaria.
Esta nueva agencia tendría como objetivo principal reducir la cantidad de llamadas al 911 que requieren una respuesta policial, enviando en su lugar a especialistas capacitados en salud mental, trabajo social y mediación comunitaria. Aunque la alcaldía aún no ha divulgado detalles operativos ni quién dirigiría el departamento, la administración ha señalado que el proyecto busca permitir que los oficiales se concentren en su misión esencial de combatir el crimen violento.
“Pedimos demasiado a nuestros policías”, declaró Sam Raskin, portavoz del alcalde. “Con frecuencia responden a crisis de salud mental y a fallas de la red de seguridad social”. Explicó que la meta es que, ante una crisis mental, la ciudad pueda desplegar especialistas en lugar de agentes policiales.
Por su parte, la policía de Nueva York ha cuestionado las conclusiones del estudio, argumentando que la metodología empleada no refleja con precisión la realidad del trabajo policial.
Erika Tannor, portavoz del NYPD, afirmó para The City que muchas de las llamadas catalogadas como “no relacionadas con delitos” pueden escalar rápidamente a situaciones de peligro. El departamento citó ejemplos como disputas con armas, paquetes sospechosos o amenazas de bomba, que, según la policía, el informe clasifica erróneamente en categorías no criminales.
“Este informe tergiversa fundamentalmente cuándo y por qué se envía a los oficiales a emergencias”, puntualizó Tannor.
Otro punto de controversia radica en la clasificación de las llamadas relacionadas con la “calidad de vida”.
Estas incluyen denuncias por ruido, venta ambulante ilegal, problemas con bicicletas eléctricas o vehículos abandonados. El año pasado, el departamento comenzó a etiquetar formalmente este tipo de llamadas dentro de su sistema de despacho, registrando cerca de 155,000 reportes entre julio y diciembre de 2025.
Para los investigadores, muchas de estas situaciones podrían ser gestionadas eficazmente por mediadores comunitarios o personal capacitado para conectar a los residentes con recursos locales.
“Si las condiciones ambientales afectan la calidad de vida, no está claro que una respuesta policial sea la mejor solución”, sostuvo Gilbert.
El informe concluye recomendando que la ciudad involucre a operadores del 911, despachadores, equipos de respuesta alternativos y residentes con experiencia en el sistema para diseñar un modelo más efectivo de atención a emergencias.
