Kathy Hochul impulsa ley para impedir la conversión ilegal de armas

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Nueva York.- En medio de un aumento sostenido de la violencia armada, las autoridades del estado de Nueva York han puesto el foco en un dispositivo pequeño pero altamente peligroso: el denominado “Glock switch”, una pieza que permite convertir pistolas semiautomáticas en armas automáticas de gran capacidad de fuego.

Estos mecanismos, del tamaño de un bloque de juguete, pueden instalarse fácilmente en ciertas armas de fuego, multiplicando su poder letal. Aunque su posesión es ilegal tanto bajo la ley federal como en Nueva York, su circulación no ha sido erradicada. Las autoridades han detectado que estos dispositivos continúan ingresando al mercado a través de canales ilícitos en línea e incluso mediante su fabricación casera con impresoras 3D.

El uso de armas modificadas —frecuentemente calificadas como “fantasmas”— ha sido vinculado a diversos hechos delictivos en el estado, lo que ha encendido las alarmas entre fiscales y cuerpos policiales.

Ante este escenario, la gobernadora Kathy Hochul anunció una propuesta legislativa destinada a frenar la proliferación de estos dispositivos. La iniciativa busca obligar a los fabricantes de armas a rediseñar ciertos modelos de pistolas para impedir su conversión en armas automáticas.

“Cuando asumí el cargo de gobernadora, prometí hacer todo lo necesario para enfrentar de frente la epidemia de violencia armada. Hemos logrado avances contra el llamado ‘canal de hierro’. Ahora vamos tras el ‘canal de plástico’”, afirmó la mandataria.

La propuesta cuenta con el respaldo de una coalición de fiscales de distrito y departamentos de policía, que consideran urgente cerrar las brechas legales y tecnológicas que facilitan el acceso a estos dispositivos.

No obstante, el debate permanece abierto. Mientras sectores vinculados a la seguridad pública respaldan medidas más estrictas, otros advierten sobre posibles desafíos legales relacionados con la regulación del diseño de armas de fuego.

En un contexto donde la tecnología avanza más rápido que la legislación, el desafío para las autoridades será equilibrar la innovación, los derechos legales y la protección de la seguridad ciudadana.

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