NUEVA YORK.- A partir del 1 de abril, miles de migrantes no ciudadanos en diversos estados de Estados Unidos comenzarán a perder sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Esta medida se implementa bajo nuevas reglas de elegibilidad, resultantes de la ley de presupuesto aprobada por los republicanos en el Congreso el verano pasado, conocida informalmente como la “Gran y Hermosa Ley”.
La Sección 10108 del texto de la H.R.1 introdujo modificaciones significativas en los criterios de elegibilidad para los no ciudadanos dentro del programa SNAP. Aunque las restricciones para estas poblaciones entraron en vigor el año pasado, las fechas de aplicación específicas varían según cada estado. Por ejemplo, en California, la implementación oficial es este miércoles.
Esta disposición legal contempla la eliminación de la elegibilidad para el programa SNAP a «ciertos individuos que, conforme a la ley federal, son clasificados como extranjeros y se encuentran legalmente presentes en los Estados Unidos«. Entre los afectados se incluyen aquellos que han calificado para la entrada condicional bajo leyes de asilo y refugiados, o por razones humanitarias urgentes, como sobrevivientes de violencia doméstica o de trata de personas.
El documento legislativo especifica que la elegibilidad para el programa SNAP se mantiene para individuos que residen en los EE. UU. y son: (1) ciudadanos o nacionales de los EE. UU.; (2) residentes permanentes legales, con ciertas excepciones; (3) extranjeros que son ingresantes cubanos o haitianos; o (4) individuos que residen legalmente en los EE. UU. de conformidad con los Pactos de Libre Asociación entre los EE. UU. y Micronesia, las Islas Marshall y Palaos.
La aplicación de estos nuevos criterios será un componente clave en el proceso de reevaluación de elegibilidad de los beneficiarios. Un memorando emitido por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) con fecha del 31 de octubre pasado, detalló las poblaciones que se verían afectadas por estas reformas.
El USDA explicó que la Sección 10108 de la ley, referida como OBBB, modificó la Sección 6(f) de la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008 (FNA), con el fin de restringir la elegibilidad a los siguientes grupos: ciudadanos de los EE. UU., nacionales de los EE. UU., residentes permanentes legales (LPR), personas admitidas de Cuba y Haití, y ciudadanos de los Estados del Pacto de Libre Asociación (COFA).
Antes de la promulgación de la OBBB, ciertos extranjeros presentes legalmente —definidos por la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral (PRWORA)— eran elegibles para recibir beneficios de SNAP, siempre y cuando cumplieran con los demás requisitos del programa y completaran un período de espera de 5 años, a menos que estuvieran exentos bajo la misma PRWORA.
Según un informe de Block Club Chicago, que cita datos de la organización HIAS, se estima que hasta 250,000 refugiados y otros titulares de visas humanitarias en todo Estados Unidos podrían perder sus beneficios. En el estado de Illinois, aproximadamente 14,000 inmigrantes enfrentan el riesgo de ser excluidos del programa SNAP debido a estos cambios en los requisitos.
La legislación en cuestión, la Ley 119-21 o la “Ley del Gran y Hermoso Proyecto de Ley de 2025 (OBBB)”, fue firmada por el entonces presidente Donald Trump el 4 de julio pasado.
Esta ley contiene diversas disposiciones que impactan directamente al programa SNAP, abarcando desde modificaciones en la elegibilidad y los beneficios hasta la administración general del programa. Específicamente, la OBBBA amplió los requisitos laborales para acceder a la asistencia alimentaria, restringió la elegibilidad de los no ciudadanos y ajustó el monto de la ayuda que pueden percibir los hogares.
Adicionalmente, el estatuto trasladó parte de los costos administrativos de SNAP a los estados, al establecer un nuevo requisito de contrapartida. La ley redujo del 50% al 25% el monto que el USDA puede desembolsar a una agencia estatal por los costos administrativos derivados de su gestión del programa SNAP, con aplicación a partir del año fiscal 2027.
Otro memorando, rubricado por Ronald Ward, administrador asociado interino de SNAP, señaló que la ley impuso limitaciones en la reevaluación del Plan de Alimentación Económico o “Thrifty Food Plan” para evitar un incremento en su costo.
El documento también establece que se exige un ajuste anual del costo del Plan de Alimentación Económico, a realizarse cada mes de octubre, para reflejar los cambios en el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos, publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, correspondiente al período más reciente de 12 meses que finaliza en junio.
En lo que respecta a los requisitos laborales, la ley, entre otras disposiciones, estableció que los adultos hábiles para trabajar que no tengan dependientes y cuyas edades oscilen entre los 18 y 64 años, deben demostrar haber completado al menos 80 horas mensuales de labor, capacitación o voluntariado para mantener sus beneficios. El incumplimiento de esta normativa durante tres meses en un período de tres años resultaría en la pérdida de los beneficios. Estos requisitos específicos comenzaron a aplicarse el 1 de marzo.
