Washington, D.C.- La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este miércoles, 1 de abril de 2026, los argumentos orales en el caso que impugna una orden del presidente Donald Trump, la cual busca limitar la ciudadanía por nacimiento. Cientos de activistas de diversas organizaciones civiles se congregaron frente al tribunal para exigir el rechazo de la medida, advirtiendo sobre la posible vulneración de derechos fundamentales.
Durante la jornada, Lydia Walther-Rodríguez, activista de origen panameño de la organización Comunitaria CASA, expresó a EFE su preocupación. “Lo que se está debatiendo aquí no es un tema legal abstracto, aquí están en juego la identidad de nuestras futuras generaciones”, afirmó.
Walther-Rodríguez añadió que el país atraviesa un proceso “preocupante”, al señalar que una decisión favorable a la orden de Trump implicaría la pérdida de derechos más allá de la ciudadanía, afectando “cómo puede tratarte este país y decidir quién puede acceder a salud, educación”.
El debate central en el Supremo gira en torno a la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. El expresidente Trump busca reinterpretarla para evitar que cualquier persona nacida en Estados Unidos adquiera la ciudadanía, independientemente del estatus migratorio u origen de sus padres.
Analistas y defensores de los derechos han calificado este proceso como crucial para la redefinición de la identidad nacional y la pertenencia a la sociedad estadounidense.
Frente a la sede del Supremo, la manifestación contó con la presencia de cientos de asistentes de origen asiático, latino y africano, quienes bailaron al ritmo de artistas como Celia Cruz y Bad Bunny, mientras coreaban consignas contrarias al exmandatario republicano.
En medio de la congregación, una mujer vestida de rojo, partidaria de la medida firmada por Trump el 20 de enero de 2025, protagonizó confrontaciones con los manifestantes, intentando interrumpir los discursos. La policía de Washington tuvo que intervenir para restablecer el orden.
Desde el podio en las escaleras del Supremo, el pastor bautista William Barber, conocido por su apoyo a causas sociales, argumentó: “No se puede condenar a niños a una vida apátrida cuando ellos no han decidido dónde nacer y menos siendo hijos de personas que han venido a construir este país”.
“Este caso no es solo judicial, es un ataque personal“, compartió a EFE María Marín, una migrante guatemalteca residente en Estados Unidos desde hace 12 años y madre de un hijo de cinco años nacido en el país.
Marín expresó que la posibilidad de que la medida de Trump sea aprobada le genera “pánico”. Durante los últimos meses, junto a un grupo de madres en situaciones similares, ha buscado unirse para comprender el posible impacto de la limitación y explorar opciones de defensa.
Por su parte, Trump ha defendido su postura, afirmando que la Decimocuarta Enmienda fue aprobada tras la Guerra Civil (1861-1865) para proteger a los “hijos de los esclavos”, y no a “quienes se toman vacaciones para obtener la ciudadanía” estadounidense.
En junio pasado, la mayoría conservadora de la Corte (con seis votos a favor y tres en contra) respaldó a Trump al levantar bloqueos emitidos por jueces en Maryland, Washington y Massachusetts. Dichos jueces habían determinado en decisiones separadas que el presidente carecía de autoridad para modificar o restringir la Constitución.
En aquella ocasión, el Supremo no se pronunció sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva de Trump, sino sobre la jurisdicción de los tribunales inferiores y la legalidad de sus decisiones para bloquear una orden ejecutiva a nivel nacional.
Expertos legales, defensores de los derechos humanos y críticos del exmandatario han cuestionado esta limitación, argumentando que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional que no puede ser derogado por una orden presidencial.
Un estudio del Migration Policy Institute estima que aproximadamente 255.000 niños al año podrían verse afectados si la Corte Suprema falla a favor de Trump y ratifica las limitaciones a la ciudadanía por nacimiento.
