MASSACHUSETTS.- Una coalición de organizaciones defensoras de los derechos civiles presentó este jueves una demanda ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Massachusetts. El objetivo es anular una orden ejecutiva emitida el 31 de marzo que modifica las normativas del voto por correo, bajo el argumento de que el Ejecutivo federal carece de facultades constitucionales para intervenir en los procedimientos electorales.
Entre los demandantes se incluyen la League of Women Voters, la Association of Americans Resident Overseas (AARO), U.S. Vote Foundation y Delta Sigma Theta Sorority, Inc. La representación legal corre a cargo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Brennan Center for Justice y el Legal Defense Fund (LDF), junto con otros organismos especializados.
Estos grupos sostienen que la Constitución reserva exclusivamente al Congreso y a los estados la potestad de establecer las reglas para los comicios. La querella argumenta que el decreto presidencial busca anular leyes estatales al transformar al Servicio Postal de los EE.UU. en un “árbitro” de la elegibilidad de los votantes, desviándose de su función tradicional como transportista neutral, según un comunicado de la ACLU.
Adicionalmente, la orden ejecutiva instruye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a elaborar y entregar a cada estado listas de ciudadanos aptos para votar. La coalición ha expresado su preocupación, indicando que la desactualización de las bases de datos federales podría llevar a una exclusión masiva de votantes legítimos.
Las organizaciones demandantes calificaron la orden ejecutiva como “un intento ilegal y peligroso de la administración Trump para eliminar opciones de votación accesibles y subvertir nuestra democracia al arrebatar el control de la administración electoral a los estados y al Congreso”. Advirtieron que, de implementarse, la medida “privaría del derecho al voto a votantes elegibles en toda la nación”.
La coalición también enfatizó que la normativa generaría inestabilidad en los procedimientos estatales, afectando particularmente a ciudadanos con discapacidades, militares y estadounidenses en el extranjero. Afirmaron que, “lejos de mejorar las elecciones, esta orden ejecutiva crearía el caos para los funcionarios electorales, erosionaría la confianza pública en nuestras elecciones y bloquearía a los estadounidenses de ejercer su derecho y responsabilidad más fundamental como ciudadanos: votar”. Agregaron que, al presentar esta demanda, buscan defender “el estado de derecho y la promesa de nuestra democracia”.
