Procuradora General desestima solicitud de contraperitaje en caso Jet Set y exige justicia expedita para víctimas

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SANTO DOMINGO.- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ha instado a la celeridad judicial para las víctimas de la tragedia del Jet Set, un año después del lamentable suceso. En sus declaraciones, Reynoso enfatizó que el Ministerio Público tiene la responsabilidad constitucional de proteger los derechos de las víctimas y prevenir dilaciones innecesarias en el proceso judicial.

Reynoso subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, incluyendo fallecidos y heridos, junto a sus familiares y la sociedad dominicana, tienen derecho a una respuesta judicial oportuna. Resaltó que este caso, que afecta directamente a cientos de personas, mantiene en espera a miles de ciudadanos que demandan transparencia y agilidad por parte del sistema de justicia.

“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, declaró la procuradora.

La máxima autoridad del Ministerio Público calificó como “totalmente innecesario” el pedido de contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados, así como su posterior autorización por parte del tribunal.

Reynoso afirmó que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico, dada la existencia de un expediente “robusto” con “evidencias contundentes” sobre las fallas estructurales del edificio que albergaba el establecimiento Jet Set.

Asimismo, la procuradora señaló que los propietarios, Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat, sobrecargaron el techo, el cual no fue diseñado para el cambio de uso ni la carga adicional que le fue impuesta.

En este contexto, Reynoso sostuvo que si los acusados mostraran respeto por la dignidad de las víctimas, no deberían obstaculizar el proceso con solicitudes de contraperitajes que considera infundados. “Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó.

La procuradora explicó que resulta jurídicamente irrelevante intentar evaluar la carbonatación del concreto o realizar otros estudios geofísicos profundos, cuando la estructura ya había manifestado señales “inequívocas” de fatiga mecánica, las cuales fueron advertidas y presuntamente ignoradas por los responsables del local.

Recordó que la ciencia de la ingeniería forense establece que, ante fallas visibles y progresivas, la causa jurídica no reside en la microestructura del material, sino en la ausencia de medidas de mitigación inmediatas.

“Someter el proceso a pruebas de cromatografía de gases para detectar explosivos o estudios de suelos kársticos sin un solo indicio fáctico que los sustente, es un ejercicio de especulación técnica que busca evadir la responsabilidad y postergar, injustificadamente, la decisión judicial sobre un evento lamentable cuya peligrosidad era previsible y evitable”, aseveró Reynoso.

La procuradora general de la República enfatizó que el debido proceso no es una prerrogativa exclusiva de los imputados, sino un derecho fundamental que asiste a todas las partes involucradas en el proceso penal.

Bajo esta premisa, Reynoso reiteró que el acceso a una justicia “pronta y cumplida” constituye la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todas las víctimas y la sociedad en su conjunto.

“El debido proceso es una garantía de las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su causa sea conocida sin dilaciones indebidas y bajo el principio de razonabilidad”, indicó.

“Dilatar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica, más que ejercer un derecho de defensa, constituye una franca vulneración del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”, puntualizó Yeni Berenice Reynoso.

Finalmente, la procuradora general de la República garantizó que el Ministerio Público agotará todas las medidas dentro de su competencia para asegurar que las víctimas reciban la decisión judicial a la que tienen derecho.

Afirmó que el órgano persecutor “reafirma su firme compromiso con las víctimas y ha presentado un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados”, y que se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desvirtuar los hechos con teorías “alejadas de la realidad técnica y científica del caso”.

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