SANTO DOMINGO.- La defensa del procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado por soborno, recusó este viernes a la jueza presidenta de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, alegando parcialidad. Esta acción ha provocado el aplazamiento de la audiencia para la solicitud de medida de coerción.
El jurista Albert Delgado, abogado de Valdez Alcántara, fundamentó la recusación en la presunta participación de la magistrada en un “elemento de prueba” clave. Según Delgado, la jueza Muñiz “participó en la entrega controlada del dinero, es decir, tuvo contacto con el dinero, con el video y con las pruebas, a las cuales nosotros ni siquiera hemos tenido acceso”, lo que a su entender, la inhabilitaría para conocer el proceso.
Como consecuencia de la recusación, la jueza Muñiz aplazó la audiencia sin una nueva fecha, a la espera de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decida sobre el mérito de la objeción en el plazo establecido por el Código Procesal Penal.
Con este aplazamiento, ya suman tres las ocasiones en que se posterga la solicitud de medida de coerción contra Aurelio Valdez Alcántara, quien es investigado por recibir un soborno de US$10,000 de un testigo vinculado al caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA), conocido como “Cobra”.
El Ministerio Público ha solicitado 12 meses de prisión preventiva contra Valdez Alcántara, a quien imputa la presunta comisión de los delitos de concusión, soborno, cohecho y lavado de activos.
Según el expediente judicial, el 13 de marzo de 2026, Valdez Alcántara se habría reunido con el testigo Roberto Antonio Canaán Acta en un centro comercial del Distrito Nacional. En este encuentro, el fiscal habría utilizado información privilegiada para establecer una posición de dominio y proponer alterar el curso del proceso judicial a cambio de un beneficio económico. La exigencia inicial habría sido de US$200,000, cifra que posteriormente se redujo a US$150,000. Además, se habría mostrado interés en un reloj Rolex y exigido un vehículo de lujo Mercedes-Benz 350 o 450.
La coacción, de acuerdo con el expediente, también se habría ejercido mediante llamadas telefónicas, donde el fiscal habría condicionado la situación legal del testigo al pago del soborno, fijando el 24 de marzo como fecha límite. El 27 de marzo de 2026, las autoridades realizaron un allanamiento en la residencia del procurador fiscal, donde fue arrestado tras una entrega vigilada de dinero.
El Ministerio Público sostiene que el imputado se dedicaba a recibir sobornos para manipular investigaciones bajo su cargo. Al respecto, el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que “cualquier acto de corrupción del que tengamos evidencia terminará en los tribunales”.
Camacho enfatizó que la investigación sigue abierta y en curso para obtener pruebas adicionales de cualquier solicitud o entrega de soborno relacionada con el proceso. Explicó que la entrega controlada, autorizada por un tribunal, fue parte de una operación para detener una conducta ilícita.
“La corrupción en el sistema de justicia es una de las peores formas de corrupción, porque, además de afectar la seguridad jurídica, hace que el derecho sea susceptible al dinero”, concluyó Wilson Camacho.
