SANTO DOMINGO.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, dispuso hoy la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el controversial proyecto minero Romero, ubicado en la provincia de San Juan. La decisión, anunciada a través de un mensaje dirigido al país por redes sociales, responde al masivo rechazo de la población, un factor que, según la Ley 64-00 de Medio Ambiente y sus reglamentos, inviabiliza la continuación de proyectos de esta categoría.
El mandatario enfatizó el compromiso de su gestión con el país, su gente y el futuro, declarando que el Gobierno «escucha con atención, con respeto y con responsabilidad». Añadió que, ante las inquietudes y preocupaciones ciudadanas, es su deber actuar con prudencia y transparencia, lo que motivó la drástica medida.
Abinader detalló que el proyecto Romero no es una iniciativa reciente, remontándose a concesiones de exploración otorgadas en 2005 y reiteradas en 2010. Posteriormente, en los años 2015 y 2018, se renovaron y autorizaron estudios técnicos para definir su alcance. Bajo la administración actual, la iniciativa ha permanecido exclusivamente en fase de evaluación ambiental, sin que se haya concedido autorización alguna para su explotación.
La disposición presidencial se produce horas después de intensas protestas escenificadas por diversas organizaciones en la provincia de San Juan, que repudiaban las intenciones de la empresa Gold Quest de avanzar con la exploración minera. Los manifestantes, respaldados por ambientalistas, han alertado sobre el potencial impacto negativo del proyecto en la Cordillera Central y Septentrional, particularmente en los afluentes de la cuenca de Sabaneta, vital para abastecer de agua a más de 500 mil habitantes de la región Sur.
Por su parte, la empresa Gold Quest ha desarrollado actividades en la zona de Romero por más de una década, centradas inicialmente en la exploración geológica. Tras identificar yacimientos de oro, la compañía avanzó hacia la fase regulatoria, que requiere la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente para ejecutar un estudio de impacto ambiental (EIA). Este proceso técnico es crucial para evaluar los efectos del proyecto sobre el agua, el suelo, la biodiversidad y las comunidades cercanas, siendo un paso previo indispensable para cualquier eventual concesión de explotación.
A pesar de las iniciativas de acercamiento comunitario promovidas por Gold Quest, que destacaban potenciales beneficios económicos como la generación de empleos y aportes fiscales, estos esfuerzos no lograron disipar las preocupaciones de amplios sectores de la población. En paralelo al avance del proyecto, se había consolidado un robusto movimiento de oposición tanto en San Juan como a nivel nacional.
Un incidente reciente durante una protesta pacífica en el muro de la presa de Sabaneta, que concluyó con varios heridos tras un altercado mientras los manifestantes se retiraban, puso de manifiesto la tensión social generada por el proyecto.
