SANTO DOMINGO.- La reversión o modificación de medidas, proyectos y nombramientos, tras registrarse un amplio rechazo popular, se ha consolidado como una característica distintiva de la gestión del presidente de la República, Luis Abinader.
Desde el inicio de su primer mandato en 2020, la administración del presidente Abinader ha archivado diversas decisiones, iniciativas legislativas e incluso designaciones de funcionarios, en respuesta a la oposición.
Mientras algunos críticos señalan esta dinámica como una señal de planificación deficiente, el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) la defiende como un ejercicio democrático que refleja la voluntad de la mayoría ciudadana.
Entre las decisiones más recientes se encuentra la paralización de las exploraciones mineras en San Juan. Esta medida se tomó después de la enérgica oposición de sectores políticos y grupos ambientalistas al desarrollo del proyecto minero Romero por parte de la compañía Gold Quest Mining Corp.
En octubre de 2024, el mandatario anunció el retiro del Congreso Nacional del Proyecto de Ley de Modernización Fiscal. Esta acción se produjo después de una audiencia pública en la Cámara de Diputados que evidenció un rechazo social generalizado a la propuesta.
Adicionalmente, se retiró del ámbito congresual un proyecto de ley sobre trata de personas que, entre sus artículos, contemplaba la posibilidad de que las víctimas obtuvieran permisos migratorios e incluso residencia, un aspecto considerado sensible dada la situación en Haití. Otro proyecto que fue desestimado es el de fideicomiso de Punta Catalina, a pesar de los esfuerzos del gobierno por asegurar que las plantas de carbón mantendrían su propiedad estatal.
La iniciativa del fideicomiso de Punta Catalina fue remitida al Consejo Económico y Social, donde permanece sin avances. En 2022, también se rectificó un incremento en la tarifa eléctrica, condicionado a un cambio de circunstancias que, hasta la fecha, no se ha producido de manera inmediata.
Las críticas a diversas decisiones no se han limitado a la oposición, sino que han surgido incluso desde el seno del PRM. Un ejemplo es la resolución del Ministerio de Administración Pública que originalmente restringía el ingreso, remoción de personal y reajustes salariales, la cual fue modificada sustancialmente para permitir actualmente la sustitución de personal.
Recientemente, ha resurgido la propuesta de reducir en un 50 % los fondos destinados a los partidos políticos. Una situación similar se presentó en 2021, argumentando que no era un año electoral. A pesar de la insistencia gubernamental, se confirmó que los partidos recibirían los montos estipulados en la Ley de Presupuesto.
Otros ejemplos de decisiones revertidas incluyen un impuesto al salario de Navidad (concebido en 2020 para 2021), el cobro de un 3 % a compras en moneda extranjera, la emisión de carnés para habitantes fronterizos, y el retiro de un proyecto de ley de ciberdelincuencia. Este último contemplaba sanciones de hasta cuatro años de prisión por publicaciones discriminatorias.
La propuesta legislativa sobre ciberdelincuencia, presentada el 14 de junio de 2022, generó controversia inmediata entre medios de comunicación, políticos y sectores sociales, quienes la criticaron severamente. El retiro oficial se justificó para permitir el trabajo de una comisión revisora de la legislación sobre libertad de expresión, un asunto que aún no se ha resuelto.
A esta lista de rectificaciones se suma el pacto eléctrico, el cual, tras considerar alzas tarifarias, fue redirigido, al igual que el fideicomiso de las plantas de carbón de Punta Catalina, al Consejo Económico y Social, donde permanece sin avances hasta la fecha.
En cuanto a las reformas impulsadas por el presidente Abinader, la reforma laboral ha sido la que ha enfrentado mayores dificultades en el Congreso Nacional.
Presentada en el Congreso durante el primer período de gobierno del presidente Luis Abinader con la expectativa de una rápida aprobación, la iniciativa se ha visto obstaculizada por modificaciones legislativas y desacuerdos entre los sectores empleador y sindical. Aunque no ha sido retirada, su proceso ha sido pospuesto.
Asimismo, el proyecto de ley que propone la fusión del Ministerio de Educación con el de Educación Superior se encuentra en una situación de estancamiento, con su tratamiento legislativo pausado.
