Santo Domingo.- Martín Valerio, presidente ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera de República Dominicana (CAMIPE), afirmó que el sector agrícola utiliza una proporción significativamente mayor de agua que la minería en el país. Al mismo tiempo, Valerio defendió la importancia de mantener el diálogo en torno al proyecto minero Romero, cuya actividad fue paralizada recientemente por disposición del presidente Luis Abinader.
Durante una entrevista en el programa “El Día” de Telesistema 11, el presidente de la Cámara Minera sostuvo que el sector minero representa cerca del 1.8 % del Producto Interno Bruto (PIB) y generó exportaciones por un valor cercano a los 2,500 millones de dólares. En cuanto al consumo hídrico, Valerio indicó que la minería utiliza aproximadamente el 3 % del uso industrial del agua en República Dominicana, mientras que el sector agrícola es el principal consumidor.
“El 76 % del uso del agua tiene que ver con la actividad agrícola”, explicó Valerio, quien aclaró que no acusaba al sector agropecuario de ser el principal contaminante, sino que se refería a las proporciones de consumo. Asimismo, destacó que los proyectos mineros modernos incorporan sistemas de reciclaje y almacenamiento de agua para mitigar su impacto en las cuencas hidrográficas.
En relación con la paralización del proyecto Romero en San Juan, el titular de CAMIPE consideró que esta medida impide obtener información crucial para tomar decisiones responsables sobre la gestión ambiental de la iniciativa. Recalcó que un estudio de impacto ambiental no equivale a una licencia de operación, sino que es una herramienta técnica y científica para determinar la viabilidad de un proyecto y las medidas necesarias para mitigar cualquier impacto potencial.
Valerio manifestó que la decisión presidencial debió haber sido precedida por una mesa de diálogo entre las partes involucradas. Reconoció que las inquietudes de las comunidades sobre el agua, el medio ambiente y la agricultura son legítimas y deben abordarse mediante la comunicación y la información técnica. “Hoy la minería moderna te dice: escucha primero y luego actúa”, enfatizó, subrayando la necesidad de la participación comunitaria desde las fases iniciales de exploración y evaluación ambiental.
El representante del sector minero admitió la existencia de una desconfianza histórica hacia la minería debido a pasivos ambientales del pasado, pero insistió en que la minería moderna opera bajo estrictos criterios de sostenibilidad y supervisión ambiental. Expresó preocupación por el precedente que, a su juicio, establece la suspensión del proyecto Romero a raíz de protestas sociales, advirtiendo que la falta de previsibilidad puede afectar la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones.
“No podemos permitir que cualquier actividad económica sea frenada únicamente por protestas, sin agotar los procedimientos establecidos en la ley”, sostuvo Valerio.
Finalmente, informó que la Cámara Minera ha presentado varias propuestas para actualizar la Ley Minera 146-71, vigente desde hace más de cinco décadas. El objetivo es fortalecer la regulación ambiental, crear instituciones más robustas y armonizar la legislación con los principios de sostenibilidad consagrados en la Constitución y la Ley General de Medio Ambiente. “Nosotros queremos más regulación y autoridades más fuertes”, afirmó.
Sobre la contaminación de la presa de Hatillo, el dirigente empresarial sugirió la realización de estudios científicos integrales desde el origen hasta la desembocadura de las cuencas para determinar las causas reales del deterioro ambiental. Mencionó que, además de posibles metales pesados, se han detectado altas concentraciones de nitrógeno, potasio y fósforo, elementos que podrían estar vinculados a actividades agrícolas intensivas. Valerio reiteró la disposición del sector minero a participar en conversaciones abiertas con comunidades y autoridades para garantizar operaciones sostenibles y compatibles con la protección ambiental.
