NUEVA YORK.- La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR) ha unido su voz a la de congresistas y diversas organizaciones, tanto en la isla como en el exterior, para solicitar al Departamento de Energía (DOE) la restitución de cientos de millones de dólares del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF). Estos fondos fueron destinados a la instalación de sistemas de energía solar con baterías en hogares vulnerables y han sido recientemente cancelados.
Mediante una carta fechada el 7 de mayo, la Junta de Directores de la AAPR instó al DOE a reconsiderar su decisión de retener los fondos asignados a programas clave como “Acceso Solar” y “Comunidades Resilientes”.
El escrito de la Asociación, que agrupa al 52% de los alcaldes de Puerto Rico afiliados al Partido Popular Democrático (PPD), expresa “profunda preocupación, en realidad, indignación” por la cancelación de más de 700 millones de dólares del PR-ERF. Específicamente, se trata de 365 millones de dólares cancelados el 30 de septiembre de 2025 y otros 350 millones de dólares el 9 de enero de 2026. La misiva subraya que una “mayoría sustancial” de los aproximadamente 12,000 hogares aprobados para recibir financiamiento, y que ahora se quedan sin sistemas solares, residen en los municipios representados por la entidad.
Los ejecutivos municipales, liderados por el alcalde de Jayuya y presidente de la AAPR, Jorge L. González Otero, enfatizaron el rol crucial de sus miembros como “primeros en responder y punto de contacto para las familias”. En ese sentido, reiteraron la solicitud al Departamento de Energía para que reconsidere las cancelaciones programadas para el 30 de septiembre y el 9 de enero.
El documento, dirigido a Chris Wright, secretario del DOE, argumenta que los fondos fueron establecidos mediante la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2023. Dicha ley autorizó 1,000 millones de dólares para Puerto Rico, en respuesta a la precaria resiliencia de la red eléctrica de la isla, con el objetivo explícito de beneficiar a familias de bajos recursos y personas con discapacidades.
“El texto de la ley no es un lenguaje aspiracional; es una directriz relativa a quién desea beneficiar el Congreso”, afirmaron los alcaldes.
La misiva, enviada a El Diario la semana pasada, señala que “el estatuto identifica poblaciones beneficiarias específicas, hogares con ingresos bajos o moderados y hogares con individuos con discapacidades”. Agrega que “redirigir esos fondos para transmisión, distribución y actividades de generación centralizada, si bien indudablemente necesarias por derecho propio, no alcanza a las familias que el Congreso identificó”.
La carta de la AAPR enfatiza que la retirada de estos fondos socava tres años de colaboración entre la Oficina de Despliegue de la Red Eléctrica (GDO) del DOE, los municipios, organizaciones comunitarias y otros socios federales. Esta coordinación había logrado resultados tangibles, como la instalación de paneles solares para aproximadamente 6,000 familias y la identificación de otros 12,000 hogares potenciales beneficiarios.
El documento también resalta que los niveles de pobreza en la isla triplican los del territorio nacional, con una proporción del 36.9% frente al 12.5%.
“Son precisamente esas familias, muchas de las que dependen de medicamentos que deben estar refrigerados, ventiladores o concentradores de oxígeno y máquinas de diálisis que nuestras oficinas municipales sirven primero cuando se va la luz”, advierte el texto.
Según los alcaldes, muchos subrecipientes ya habían avanzado en la implementación de los sistemas, contratando personal, solicitando equipos, agendando inspecciones y firmando acuerdos de cooperación.
Los firmantes de la carta también cuestionaron la escasa información proporcionada sobre los proyectos específicos a los que se redirigirían los fondos del PR-ERF, dado que el DOE, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), LUMA Energy y Genera PR solo han ofrecido “descripciones generales”.
“Observamos que muchas de las actividades para las que se identificaron fondos del PR-ERF, incluyendo manejo de vegetación en las líneas de transmisión, reparación a unidades de gas metano envejecidas y de generación y la modernización de infraestructura encajan plenamente en las categorías de trabajo para las que la Agencia Federal de Emergencias (FEMA) ha obligado más de 9,000 millones de dólares, específicamente, para el sistema eléctrico de Puerto Rico”, manifestaron.
Los alcaldes apoyaron la solicitud de congresistas demócratas para celebrar una sesión informativa con el secretario del DOE, a través del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, con el fin de investigar el asunto. La fecha límite para la respuesta del DOE, como parte del inicio de la investigación, era el 30 de abril; sin embargo, no se tiene constancia de que dicha respuesta se haya producido.
Hasta el momento, el DOE no ha emitido una respuesta oficial al reclamo multisectorial en favor de la restitución de los fondos aprobados bajo el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico.
Cabe destacar que un informe del 30 de septiembre pasado, emitido por la Oficina del Inspector General del DOE, concluyó que la Oficina de Despliegue de la Red no estaba plenamente preparada para implementar el PR-ERF.
El informe señaló que la oficina “no había desarrollado las herramientas y los recursos de supervisión necesarios para llevar a cabo una supervisión independiente y adecuada que garantizara el cumplimiento de sus metas y objetivos previstos”.
Se identificaron seis áreas en la implementación del programa por parte de la GDO que requerirían supervisión y recursos adicionales.
Un resumen del texto indica que “la falta de preparación y de supervisión planificada se debió a que la GDO dependió de otras entidades. Específicamente, si bien la GDO delegó las funciones de gestión y ejecución en otras entidades, no evaluó la preparación ni la capacidad de estas para supervisar el Programa PR-ERF, ni tampoco elaboró un plan para supervisar el trabajo realizado por dichas entidades”.
La evaluación concluyó que “la capacidad de la GDO para lograr los objetivos del Programa PR-ERF resulta vulnerable si no se establecen una supervisión independiente y sólida, así como los recursos necesarios”.
En un comunicado emitido al día siguiente de la publicación del informe, el DOE anunció la reasignación de hasta 365 millones de dólares del Fondo para afrontar la crisis de la red eléctrica en Puerto Rico.
“Estos fondos respaldarán reparaciones de sentido común y medidas de emergencia destinadas a fortalecer la estabilidad de la red y robustecer la infraestructura crítica. La GDO del DOE administrará estos fondos a través de la AEE para llevar a cabo estas mejoras fundamentales”, explicó la agencia.
Según el comunicado de prensa, la red eléctrica de Puerto Rico ha sufrido durante años por falta de mantenimiento, gestión deficiente y el impacto de tormentas devastadoras, resultando en frecuentes apagones y altos costos para familias y empresas.
El secretario Wright declaró que, “en virtud de la Orden Ejecutiva 14156 del presidente Trump, el DOE está redirigiendo recursos para fortalecer la infraestructura crítica y suministrar energía confiable y asequible a las comunidades de todo Puerto Rico”.
En un comunicado reciente, el DOE informó sobre la renovación de dos órdenes de emergencia. Estas órdenes buscan el despacho de unidades de generación y el mantenimiento de la capacidad crítica de generación, mientras continúan los trabajos de remoción de vegetación en la red eléctrica.
Esta es la segunda ocasión en que la agencia renueva dichas órdenes, las cuales estarán vigentes desde el 12 de mayo hasta el 9 de agosto.
