Denver, EE.UU.- El gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, ha vetado una legislación que buscaba garantizar los derechos constitucionales de los inmigrantes involucrados en operativos federales. Este veto se produce solo unos días después de que el propio Polis firmara una proclamación que destacó las contribuciones significativas de los inmigrantes al estado.
El anuncio del veto, hecho este jueves, contrasta directamente con la declaración emitida por Polis a principios de esta semana en la cual llamaba a honrar las diversas culturas de inmigrantes y reconocer que la economía, cultura y comunidades del estado se fortalecen continuamente gracias al trabajo arduo y el compromiso cívico de los inmigrantes.
El proyecto de ley, impulsado por la senadora estatal demócrata Julie Gonzales y respaldado ampliamente por ambas cámaras del estado, habría creado una vía legal para que cualquier persona pudiera acceder a servicios jurídicos financiados por Colorado si consideraba que agentes federales habían vulnerado sus derechos.
La ley estipulaba un monto inicial de 125.000 dólares para el costo de representación legal de los inmigrantes que decidieran iniciar un «recurso de equidad o cualquier otro recurso apropiado» hasta dos años después del incidente en el que podrían haber sido afectados.
«Durante meses, los habitantes de Colorado han escuchado historias y visto videos de detenciones violentas por parte del ICE ocurriendo en todo el estado», dijo a EFE Karen Orona, portavoz de la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC).
Orona detalló que hay «videos de ventanas de automóviles destrozadas y relatos sobre una madre y su hijo retenidos como rehenes por el ICE para presionar a un padre a entregarse».
La ley «ofrecía una vía legal para exigir responsabilidades a los funcionarios federales por tales abusos», puntualizó la vocera de la CIRC. Eso significa, expresó la activista, que si la ley hubiera sido aprobada, los inmigrantes hubieran contado con el marco legal necesario para demandar a funcionarios federales que presuntamente no hubieran respetado los derechos constitucionales de los inmigrantes durante las operaciones de control migratorio.
Según datos de la Oficina de Nuevos Estadounidenses de Colorado, un 10 % de la población del estado (unas 630.000 personas) es de origen inmigrante, que aportan unos 9.500 millones de dólares anuales a la economía local.
The value analysis on this platform is strong; it’s more than just slots. Focus on that structured approach. For deeper insights, check out pinaylulu. Solid framework!