San Salvador.- El sistema penitenciario de El Salvador cerró el año 2025 con una sobrepoblación carcelaria que alcanzó el 261%, una cifra que coloca al país entre los más afectados en el mundo, según un informe divulgado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca).
Según el estudio, hasta diciembre pasado, El Salvador registraba un total de 118.369 reclusos, mientras que la capacidad instalada del sistema penitenciario fue diseñado para albergar a poco más de 30.800 personas.
El informe señala que la tasa de encarcelamiento alcanzó los 1.963 presos por cada 100.000 habitantes, una cifra que sitúa a El Salvador entre los países con mayor población penitenciaria en relación con su número de habitantes.
Del total de reclusos, más de 103.000 permanecen en centros penitenciarios convencionales, mientras que otros 14.532 están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel impulsada por el Gobierno de Nayib Bukele como parte de su estrategia contra las pandillas.
Según el Idhuca, el Cecot ocupa actualmente alrededor del 36% de su capacidad máxima estimada en 40.000 internos. Sin embargo, el organismo sostiene que incluso si este centro estuviera completamente lleno, el sistema penitenciario salvadoreño seguiría registrando un hacinamiento cercano al 167%, lo que evidencia que el problema va más allá de la construcción de nuevas instalaciones.
El informe advierte que la sobrepoblación penitenciaria incrementa los riesgos de vulneraciones a los derechos humanos, afectando aspectos esenciales como la salud, la alimentación, la higiene, la seguridad y la integridad física y psicológica de los reclusos.
Asimismo, señala que las condiciones de hacinamiento pueden contribuir a situaciones incompatibles con la dignidad humana y aumentar el riesgo de fallecimientos bajo custodia por falta de atención médica o por las precarias condiciones de reclusión.
La situación se produce en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, una medida adoptada por el Gobierno tras una ola de homicidios atribuida a las pandillas. Desde entonces, más de 92.300 personas han sido detenidas bajo sospecha de pertenecer o colaborar con estructuras criminales.
Diversas organizaciones de derechos humanos han documentado miles de denuncias por presuntas violaciones de derechos fundamentales durante la aplicación de este régimen especial. Además, estiman que más de 500 personas han fallecido mientras permanecían bajo custodia estatal.
El Idhuca concluye que la crisis penitenciaria salvadoreña requiere soluciones integrales que incluyan reformas judiciales, políticas de prevención y mecanismos que permitan reducir la presión sobre el sistema carcelario, más allá de la ampliación de la infraestructura penitenciaria.
