Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles la ley que asigna 70.000 millones de dólares para financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias federales vinculadas a la política migratoria, poniendo fin a cuatro meses de incertidumbre sobre los recursos destinados a su estrategia de control fronterizo.
“Me complace enormemente firmar la Ley para una América Segura (‘Secure America Act’) a fin de financiar inmediata y totalmente al Departamento de Seguridad Nacional hasta el final de mi mandato, para que ya no tengamos que hablar más de este asunto”, expresó el mandatario durante un acto celebrado en el Despacho Oval.
Durante la ceremonia, Trump dedicó palabras de reconocimiento a los agentes encargados de las labores migratorias y fronterizas, destacando su papel en la seguridad nacional. “Brindo por los héroes del ICE y de la Patrulla Fronteriza, porque eso es lo que son: héroes, dada la dura labor que realizan para mantenernos a salvo”, afirmó el presidente, al asegurar que la nueva legislación garantizará los recursos necesarios para reforzar la vigilancia de las fronteras y la protección del territorio estadounidense.
La iniciativa fue aprobada el martes por el Congreso estadounidense con un estrecho margen de 214 votos a favor y 212 en contra, después de haber recibido el visto bueno del Senado la semana anterior.
La promulgación de la ley pone fin a un prolongado bloqueo presupuestario derivado de una disputa política sobre el alcance y las atribuciones de las agencias migratorias federales. El debate se intensificó tras las controversias surgidas por la actuación de agentes federales en incidentes ocurridos durante protestas contra redadas migratorias en Mineápolis el pasado mes de enero, donde murieron Alex Pretti y Nicole Good.
Los legisladores demócratas se habían negado a aprobar nuevos fondos para el Departamento de Seguridad Nacional hasta que los republicanos aceptaran una serie de medidas orientadas a reforzar la supervisión de las agencias migratorias y garantizar el respeto de los derechos humanos en la aplicación de las políticas de inmigración. Sin embargo, dichas propuestas finalmente no fueron incluidas en la legislación aprobada, permitiendo que la financiación solicitada por la Casa Blanca avanzara sin modificaciones sustanciales.
