Santo Domingo.- La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) ha expresado su “profunda preocupación” ante la situación actual del fallo que dejó el Tribunal Constitucional respecto a 21 acciones directas de inconstitucionalidad, entre ellas una contra varios artículos de la Ley 74-25 que busca despenalizar el aborto.
Según su opinión, reflejada en un comunicado, las acciones llevadas a cabo por este órgano judicial buscan ignorar los derechos fundamentales de la vida y la familia establecidos en la Constitución de la República Dominicana. “Los ataques a esos derechos se han venido lanzando desde hace décadas, y en todas las ocasiones tanto el legislador constituyente como el ordinario, interpretando los valores e intereses permanentes del pueblo dominicano, los han rechazado en forma sostenida, reconociendo la dignidad innata de la vida humana desde la concepción, y la importancia de preservar la familia como fundamento de la nación”, se puede leer en el escrito.
En el territorio nacional, la Constitución establece que el aborto es un delito penalizado total bajo ninguna excepción, incluyendo las tres causales, al sostener que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción. Esto ha provocado un extenso debate en torno a esta práctica.
El pasado 17 de junio, el Tribunal Constitucional se reservó el fallo sobre una acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).
“Pretender que el Tribunal Constitucional irrespete o subvierta con una sentencia interpretativa la Constitución, de la que son el supremo garante, constituye una acción audaz y de alto riesgo contra el orden constitucional e institucional, especialmente cuando la misma se funda en visiones ideológicas cargadas de relativismo e impulsadas por el transhumanismo”, señala la Conferencia del Episcopado en su comunicado.
Recordaron a la entidad que República Dominicana forma parte de las pocas naciones del mundo que no pertenecen a las “propias culturas de la muerte” para buscar lo que catalogan como “falso sentido del progreso humano o lo que es peor aún, de las libertades y los derechos de las mujeres”. En ese sentido, apreciaron que el Ministerio Público y ambas cámaras del Congreso Nacional rechazaran ante el Tribunal las pretensiones de varias organizaciones y personas de ignorar lo impuesto por la Constitución.
“Saludamos que el Ministerio Público y ambas cámaras del Congreso Nacional hayan rechazado ante el Tribunal Constitucional las pretensiones de varias organizaciones y personas, con respaldo de entidades internacionales, de desconocer los derechos consignados en la Constitución que, además, por su propia naturaleza, son fundamento de todos los demás derechos y libertades”, expresaron.
Concluyeron el documento valorando también la acción “oportuna y responsable” de intervención, ante el Tribunal, de los movimientos y ciudadanos Provida y Defensores de la Familia, católicos, evangélicos, así como del ejercicio de los valores de la dominicanidad.
