San Martín Jilotepeque.- Los restos de 68 indígenas que fueron víctimas de una masacre durante el conflicto armado interno comenzaron a ser inhumados este lunes en el oeste de Guatemala, un acto colectivo de dignificación que busca cerrar heridas históricas y devolverles la identidad más de cuatro décadas después del fin de la guerra civil.
«Este día estamos honrando y conmemorando a estas víctimas del conflicto armado interno, pero básicamente es una dignificación. Tenemos 68 osamentas recuperadas; la mayor parte están identificadas, pero hay 20 que no lo están, sin embargo, aquí se van a quedar», explicó a EFE el representante de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación, José Silvio Tay.
Los restos, recuperados en distintas exhumaciones realizadas entre 1998 y 2014, corresponden a civiles —incluidos niños y ancianos— de comunidades del municipio de San Martín Jilotepeque como Choatalun, Pacoj, Cruz Nueva y La Estancia de la Virgen, en la provincia de Chimaltenango, que fueron masacrados o ejecutados extrajudicialmente por el Ejército de Guatemala durante las campañas contrainsurgentes de 1982.
El conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996) dejó más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, ensañándose especialmente con la población maya del altiplano.
Para sobrevivientes como Fabián Martín, cuyo padre fue capturado por soldados en 1982 en una incursión que diezmó a familias completas en su natal caserío Pacoj, de la aldea Choatalun, el proceso para darles sepultura tomó 44 años.
«La idea de ellos era eliminar toda la comunidad, pero aquí estamos ahora dándole sepultura», relató Martín.
San Martín Jilotepeque, situado en Chimaltenango a unos 54 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, fue uno de los municipios más golpeados por la violencia durante la guerra interna.
De acuerdo con el informe ‘Guatemala: Memoria del Silencio’ de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), que documentaron en este departamento al menos 63 masacres por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, las cuales formaron parte de una estrategia contrainsurgente que dejó un saldo estimado de más de 15.000 víctimas directas en la provincia y ensañamientos severos en comunidades locales como Choatalun y Estancia de la Virgen.
Pese al alivio de decenas de familias que acudieron al cementerio local, la herida sigue abierta para otras víctimas como María Candelaria, de la aldea Choatalun, cuyo esposo continúa desaparecido tras ser recluido en un destacamento militar.
«Hasta hoy no tengo conocimiento de él; quisiera al menos saber que está en tal lado», lamentó Candelaria.
