Lima.- Los ataques contra el transporte público vinculados con actos de extorsión dejaron 152 personas muertas en Lima y la provincia vecina del Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026, cuando se presentaron 214 de estos atentados, reportó la Fiscalía de Perú.
Un informe estadístico realizado por la Oficina de Observatorio de Criminalidad detalló que 283 personas resultaron afectadas en el período indicado, 152 de las cuales fallecieron y 131 resultaron con lesiones. También detalló que 126 de los atentados se produjeron entre enero y mayo de este año, 87 de los cuales dejaron fallecidos o lesionados.
El reporte señaló que los ataques se concentraron principalmente en los populosos distritos de San Juan de Lurigancho, Comas y San Juan de Miraflores, en el este, norte y sur de la capital peruana, respectivamente. Estos distritos «también registran altos niveles de denuncias por extorsión, homicidio calificado y sicariato (asesinato por encargo)», remarcó la Fiscalía.
El 94,4 % de los atentados ocurrió directamente contra unidades de transporte público, como autobuses, combis (furgonetas) y mototaxis, por lo que afectaron principalmente a conductores, pasajeros y cobradores de esos vehículos, añadió. El reporte también señaló que el 97,7 % de los ataques con víctimas fue perpetrado con armas de fuego y que las motocicletas constituyeron el principal medio utilizado por los autores para ejecutar el atentado o huir del lugar (60,3 %).
Más de la mitad de estos hechos violentos, el 58,4 %, ocurrió durante la noche. El Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público remarcó que «quienes prestan y utilizan diariamente el servicio de transporte público son los más expuestos a esta modalidad delictiva», ya que el 69,3 % de las víctimas fueron chóferes, el 20,5 % pasajeros y el 5,3 % cobradores.
El pasado 25 de junio el gobierno de Perú prorrogó por 60 días el estado de emergencia en Lima y el Callao ante la alerta de la Policía por «la persistencia del accionar criminal y la inseguridad ciudadana, derivados de la comisión de delitos de homicidio, sicariato, extorsión y otras situaciones de violencia». La medida ratificó que la Policía mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, así como la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
Lima y el Callao se mantienen en estado de emergencia por temas de seguridad ciudadana desde septiembre de 2024, cuando se decidió aplicar esa medida tras el inicio de una ola de ataques contra gremios de transporte urbano y comerciantes por parte de bandas dedicadas a la extorsión. A pesar del estado de excepción, las amenazas, extorsiones y ataques se mantienen y, según reportes de la prensa local y de fuentes oficiales, han causado la muerte y heridas a decenas de trabajadores, sobre todo del sector de transporte público, por negarse a pagar a las bandas criminales.
