|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
En un Estado de derecho, los jueces no solo resuelven conflictos; también envían mensajes a la sociedad. Cada sentencia fortalece o debilita la confianza ciudadana en la justicia, especialmente cuando se trata de casos de corrupción que involucran miles de millones de pesos y a altos funcionarios públicos.
La decisión de excluir del juicio de fondo a algunos de los principales imputados del Caso Calamar ha provocado una profunda inquietud. No porque una persona deba ser condenada anticipadamente, sino porque muchos ciudadanos esperaban que un expediente de tal magnitud fuera debatido en un juicio público, donde las pruebas, los testimonios y los peritajes pudieran ser examinados de manera integral.
Cuando el propio movimiento cívico Participación Ciudadana sostiene que el Ministerio Público presentó elementos suficientes para continuar el proceso, es natural que surjan interrogantes. Si existen pruebas documentales, testimonios, peritajes financieros y una investigación desarrollada durante años, ¿por qué impedir que sea un tribunal de juicio el que determine la responsabilidad o inocencia de los imputados?
Nadie debe ser condenado por presión mediática ni por el clamor popular. Pero tampoco la sociedad puede sentirse satisfecha cuando expedientes de enorme trascendencia concluyen prematuramente, dejando la impresión de que nunca se conoció toda la verdad en un juicio público.
Afortunadamente, también hay decisiones que demuestran avances importantes. Los casos Coral, Antipulpo y Camaleón evidencian que el sistema judicial es capaz de procesar grandes estructuras de corrupción. Esos precedentes hacen aún más necesario que las decisiones sean coherentes y suficientemente fundamentadas para evitar percepciones de desigualdad.
La corrupción no solo desvía recursos públicos; destruye hospitales, limita la educación, deteriora la seguridad y profundiza la desigualdad. Por eso, combatirla con firmeza es una obligación institucional y un compromiso con las futuras generaciones.
La independencia judicial es un pilar de la democracia, pero esa independencia debe ir acompañada de decisiones claras, transparentes y convincentes. Cuando una sentencia deja más preguntas que respuestas, la confianza ciudadana se resiente.
La República Dominicana necesita jueces que decidan únicamente conforme al derecho y a las pruebas, pero también necesita que esas decisiones fortalezcan la credibilidad del sistema. La justicia no solo debe hacerse; también debe parecer que se hace. En la lucha contra la corrupción, ese mensaje es tan importante como la propia sentencia.
