Santo Domingo.- El Senado votó a favor de una modificación al artículo 82 de la Ley 60-23, que regula la administración de bienes secuestrados, incautados, decomisados y en procesos de extinción de dominio. La iniciativa establece que el Ministerio Público recibirá el 40% de los recursos provenientes de estos activos.
La modificación adiciona un literal D) y dos párrafos al numeral 2 del artículo mencionado, con la finalidad de establecer un nuevo esquema para la distribución de los recursos obtenidos de esos bienes. Según el comunicado emitido por el Senado, los párrafos I y II serán anexados al numeral 2 del artículo 82 de la Ley 60-23.
Con esta normativa, se destinará el 40% de los recursos obtenidos a acciones relacionadas con la prevención, protección, atención integral y respuesta institucional frente a la violencia de género e intrafamiliar. El Ministerio Público coordinará esas acciones con otras entidades para fortalecer los mecanismos de prevención, respuesta institucional, protección y asistencia integral a las víctimas.
El proyecto también dispone que el 60% restante será distribuido entre el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación y las demás instituciones sectoriales competentes, conforme a sus atribuciones legales, programas y políticas públicas vinculadas a esa materia.
Dentro de estas acciones prioritarias se encuentra el apoyo a las casas de acogida para víctimas y a los centros de atención conductual dirigidos a hombres vinculados con conductas de violencia de género o tentativa de feminicidio. La iniciativa fue presentada por los senadores Pedro Catrain, Lía Ynocencia Díaz Santana, Aracelis Villanueva Figueroa, Maria Mercedes Ortiz y Ginnette Bournigal de Jiménez.
Esta modificación a la Ley 60-23, que crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio, también establece el funcionamiento del instituto encargado de administrar los bienes secuestrados, incautados, decomisados y en procesos de extinción de dominio, así como la integración de su consejo directivo, presidido por el Ministerio de Hacienda.
