NUEVA YORK.- Dos pequeñas empresas estadounidenses interpusieron una demanda este viernes contra el gobierno de Estados Unidos en respuesta a los nuevos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, que oscilan entre el 10 y el 12,5 %, sobre las importaciones de sesenta economías acusadas de no combatir el trabajo forzoso.
Trump anunció la medida en un esfuerzo por mantener su política comercial restrictiva después de que expirara el gravamen global del 10 %, que a su vez reemplazaba los aranceles previos declarados ilegales por el Tribunal Supremo.
El bufete Liberty Justice Center, responsable de la anulación anterior de los llamados «aranceles recíprocos», presentó la demanda en nombre de dos minoristas: Burlap & Barrel y Collective Horology, ante el Tribunal Internacional de Comercio.
A diferencia del gravamen que expiró este viernes, impuesto como medida temporal para abordar problemas de balanza de pagos bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, los nuevos aranceles se basan en la Sección 301, que permite al presidente responder a prácticas comerciales extranjeras consideradas injustificadas o discriminatorias.
La demanda argumenta que Washington «no puede preservar una política global arancelaria simplemente moviéndose de un estatuto a otro» y acusa al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, de actuar arbitrariamente al imponer gravámenes «casi uniformes».
«El caso no cuestiona que los gobiernos deban combatir el trabajo forzoso. Lo que impugna es la autoridad del representante comercial de EE.UU. para imponer aranceles generalizados sin cumplir con las conclusiones específicas por país y los requisitos de reparación que exige la Sección 301», indicó una nota de prensa.
Sara Albrecht, máxima ejecutiva del Liberty Justice Center, denunció que el Gobierno de Trump «permitió expirar un arancel global e inmediatamente lo reemplazó con otro bajo un estatuto diferente», recordando que eso «no cambia la ley» y reclamando respeto por sus límites. Albrecht señala específicamente que Washington abrió investigaciones de trabajo forzoso contra las sesenta economías y las convirtió en un programa «generalmente estandarizado» sin especificar, una a una, sus alegaciones, cómo afectan a EE.UU., la viabilidad de la tarifa elegida, y cómo esta combatirá esas prácticas.
Las dos empresas, Burlap & Barrel, dedicada a la venta de especias, y Collective Horology, a la venta de relojes, aseguraron que sus cadenas de suministro son transparentes y criticaron que los nuevos aranceles perjudican a negocios estadounidenses que son «responsables» como ellos.
La demanda reclama al tribunal que declare la nueva política ilegal, impida su aplicación y preserve la capacidad de los denunciantes y otros que se puedan sumar a obtener indemnizaciones por sus importaciones afectadas, lo que incluiría el reembolso de los gravámenes más intereses.
