Santo Domingo.- El estado de Nuevo México presentó este miércoles una demanda contra el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, y el Departamento de Justicia (DOJ), al acusarlos de impedir el acceso a documentos sin censura relacionados con la investigación sobre Jeffrey Epstein y su propiedad Zorro Ranch. Según las autoridades estatales, esta negativa obstaculiza el avance de una pesquisa criminal.
La acción judicial fue interpuesta ante un tribunal federal en Washington y sostiene que la negativa del Departamento de Justicia a entregar esos expedientes impide a los investigadores estatales profundizar en las denuncias de abuso y explotación sexual presuntamente ocurridas en el rancho de Epstein, ubicado en el condado de Santa Fe.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, argumentó que los archivos retenidos por el Gobierno federal podrían contener información esencial para identificar a posibles víctimas, testigos y otras personas involucradas en los hechos investigados. En la demanda, el estado afirma que el Departamento de Justicia ha incumplido su obligación de colaborar con las autoridades locales y que esa decisión está dificultando el desarrollo de una investigación criminal completa sobre las actividades del financiero fallecido.
Las autoridades estatales recordaron que, en 2019, el Gobierno federal les solicitó suspender temporalmente sus propias investigaciones sobre Zorro Ranch mientras se desarrollaba una pesquisa federal, bajo el compromiso de compartir posteriormente la información obtenida. Sin embargo, según el escrito judicial, esa cooperación nunca se materializó.
"El Departamento de Justicia está obstaculizando nuestra investigación criminal al negarse a proporcionar los archivos sin censura de Epstein", sostiene la demanda presentada por la oficina del fiscal general de Nuevo México. La querella también coincide con el proceso de confirmación de Todd Blanche como fiscal general permanente, una nominación que continúa pendiente en el Senado y que ha enfrentado cuestionamientos de algunos legisladores republicanos.
Entre las críticas figura su participación en la propuesta para crear un fondo de 1.800 millones de dólares destinado a indemnizar a personas que alegaban haber sido víctimas de una supuesta politización del sistema judicial, iniciativa que generó controversia por el posible beneficio a aliados del presidente Donald Trump.
