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El empresario honesto no debería tenerle miedo al nuevo Código Penal
Hay algo que no termino de entender de la discusión alrededor del nuevo Código Penal dominicano.
Si una empresa funciona correctamente, cumple las leyes, paga sus impuestos, respeta a sus trabajadores, lleva controles internos y sus propietarios no participan en actividades ilícitas, ¿por qué tendría que sentir miedo ante un Código Penal que busca castigar el delito?
El empresario honesto debería ser, precisamente, uno de los principales interesados en que exista una legislación fuerte y clara.
Porque cuando una empresa compite en un mercado donde algunos utilizan el fraude, la corrupción, el soborno, la evasión o cualquier otra práctica ilegal para obtener ventajas, el empresario que cumple la ley termina compitiendo en desventaja.
Por eso, la responsabilidad penal de las empresas merece una discusión seria.
El nuevo Código Penal establece mecanismos para que una persona jurídica pueda responder penalmente en determinadas circunstancias cuando desde su estructura se cometen delitos. No significa que cualquier delito cometido por un empleado convierta automáticamente a una empresa en criminal. La responsabilidad está sujeta a condiciones y a la relación del hecho con la organización, sus representantes, sus controles y sus deberes de supervisión.
Y aquí aparece una diferencia fundamental.
Una cosa es proteger al empresario honesto de una responsabilidad injusta y otra muy distinta es proteger a una empresa utilizada como instrumento para cometer delitos.
La primera protección es necesaria.
La segunda es peligrosa para la sociedad.
Una empresa seria debería querer controles internos. Debería querer transparencia. Debería querer que sus ejecutivos sepan que no pueden utilizar los recursos de la compañía para cometer delitos. Y debería querer que quien lo haga responda ante la justicia.
Porque el Código Penal no debería ser enemigo del empresario.
Debería ser enemigo del delincuente.
Y también del funcionario corrupto.
Y del ejecutivo que utiliza su posición para enriquecerse ilegalmente.
Y de quien utiliza una empresa aparentemente legítima para esconder operaciones ilícitas.
Durante demasiado tiempo hemos construido una cultura donde muchas veces parece que la ley es muy fuerte para el ciudadano común y demasiado complicada cuando se trata de personas con dinero, relaciones y poder.
Eso tiene que cambiar.
El empresario honesto no necesita privilegios frente a la ley. Necesita seguridad jurídica.
Necesita saber que todos sus competidores estarán sometidos a las mismas reglas.
Necesita saber que quien soborna a un funcionario no tendrá una ventaja sobre quien se niega a hacerlo.
Necesita saber que quien evade sus obligaciones no podrá competir artificialmente con quien cumple.
Y necesita saber que sus propios ejecutivos no podrán utilizar el nombre de la empresa para cometer delitos y después esconderse detrás de ella.
Por eso, la discusión sobre el nuevo Código Penal debería hacerse con mucha más seriedad.
El sector empresarial tiene todo el derecho de señalar los artículos que considere ambiguos, excesivos o contrarios a la seguridad jurídica. Esa participación es legítima y necesaria.
Pero la sociedad también tiene derecho a preguntar:
¿Qué parte del Código preocupa al empresario honesto y qué parte preocupa a quienes necesitan que determinadas conductas permanezcan en zonas grises?
Son dos cosas completamente diferentes.
No debemos confundir la defensa de la empresa privada con la defensa de la impunidad.
La República Dominicana necesita empresarios exitosos, fuertes y competitivos. Necesita inversión privada y generación de empleos.
Pero también necesita una cosa que es indispensable para que todo eso funcione:
un Estado de derecho donde nadie esté por encima de la ley.
El empresario honesto no debería tenerle miedo al nuevo Código Penal.
Debería sentirse protegido por él.
Porque cuando la ley funciona, el empresario que cumple no pierde.
Pierde el que necesita violarla para ganar.
