Los Ángeles.- Una jueza federal en Los Ángeles indicó este jueves que está a punto de emitir una orden que impedirá a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detener personas sin órdenes judiciales, a menos que determinen que existe un riesgo significativo de fuga.
La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong se mostró favorable a bloquear los arrestos sin orden judicial durante una audiencia relacionada con una demanda que impugna las redadas migratorias impulsadas por la Administración del presidente Donald Trump en el área metropolitana de Los Ángeles desde el verano pasado.
La magistrada escuchó hoy los argumentos de ambas partes sobre una moción presentada por los demandantes que busca específicamente detener los arrestos sin orden judicial. La petición se desprende de una demanda presentada el año pasado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del sur de California, Public Counsel y otros grupos de abogados, después de que la zona metropolitana de Los Ángeles sirviera como laboratorio para el primer gran operativo migratorio ordenado por la Casa Blanca.
Mayra Joachín, abogada de la ACLU, dijo al rotativo que la probable decisión de la jueza Frimpong sería «significativa», porque ayudaría a reducir drásticamente el número de detenciones en la zona.
Desde que la administración comenzó sus redadas en Los Ángeles el año pasado, los agentes federales han detenido sistemáticamente a personas sin obtener una orden judicial y sin determinar si existía riesgo de fuga antes de tramitar dicha orden, tal como exige la ley federal, advirtieron los demandantes.
Chandra S. Bhatnagar, director de ACLU del sur de California, indicó en una conferencia antes de la audiencia que la ley exige que antes de realizar un arresto administrativo por motivos migratorios sin orden judicial, los agentes deben establecer simultáneamente que existe una causa probable de que el extranjero esté de forma indocumentada en el país y hay un riesgo de fuga.
«Hemos descubierto que los agentes han detenido a personas sin formular preguntas básicas sobre sus empleos, sus familias o sus vínculos con la comunidad. Esto es ilegal», sostuvo el director.
Un análisis de 113 expedientes de detención, basado en registros gubernamentales, reveló que casi el 80 % de los casos carecía de una evaluación del riesgo de fuga o se basaba en fórmulas genéricas y estandarizadas, lo que sugiere la ausencia de la evaluación individualizada necesaria, aseguran los demandantes.
