Santo Domingo.- Los abogados Ybo René Sánchez Díaz y Manuel Sierra, defensores del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, afirmaron este miércoles que el expediente del denominado caso “Calamar” contiene “vicios y defectos jurídicos” y que el proceso responde a una presunta persecución política.
Durante una audiencia preliminar, los juristas calificaron la acusación presentada por el Ministerio Público como un documento sin sustento probatorio directo. Sostuvieron que el proceso judicial carece de evidencias que vinculen directamente a Peralta con los hechos imputados.
“Conforme a lo que hemos visto en la acusación, no hay forma de que a este señor lo pongan en sede de juicio, porque no hay una sola prueba que sindique directamente al señor Peralta; la prueba tiene que ser vinculante con el hecho que se atribuye”, señalaron los defensores.
Explicaron que el expediente incorpora una considerable cantidad de documentos e informes que, a su entender, no guardan relación con ilícitos penales ni demuestran responsabilidad directa del exfuncionario.
Los abogados también cuestionaron la utilización del nombre “Calamar” para identificar el caso judicial. Argumentaron que esta práctica fue objetada por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC/0225/25, la cual ordena cesar el uso de nombres de animales en expedientes penales por considerar que vulneran la dignidad y el principio de inocencia de los imputados.
Indicaron que dicha denominación afecta la imagen pública de Peralta y de los demás acusados, quienes, según aseguraron, mantenían una trayectoria profesional y social respetable antes de involucrarse en la actividad política.
“José Ramón Peralta es un empresario de toda una vida y un exfuncionario que nunca había sido humillado públicamente. Lo que existe es una persecución política combinada entre sectores del Gobierno y altos funcionarios del Ministerio Público”, manifestaron los defensores.
Sánchez Díaz y Sierra sostuvieron que, desde agosto de 2020, se habrían producido reuniones entre dirigentes gubernamentales y representantes del Ministerio Público con el objetivo de organizar una supuesta persecución política contra exfuncionarios vinculados al expresidente Danilo Medina.
Afirmaron que Peralta ha sido objeto de descrédito político debido a su cercanía con Medina y por el rol que desempeñó en la pasada administración.
Los abogados consideraron que el Ministerio Público ha actuado con “prejuicios” y con una exposición “profusa y confusa” durante la audiencia preliminar. Recalcaron que el exministro defendió su honorabilidad ante el Tribunal y denunció la ausencia de pruebas contundentes en el expediente.
La defensa concluyó solicitando al Tribunal que declare la nulidad del proceso, tomando como referencia la sentencia TC/0225/25 del Tribunal Constitucional.
“Es justo terminar afirmando que el Tribunal debe solucionar el presente caso con la nulidad propuesta por la sentencia del TC 0225/25, que mandó a anular el caso de Jean Alain Rodríguez por el uso discriminatorio de nombres de animales con el propósito de humillar y afectar el principio de inocencia”, señalaron.
El proceso judicial del caso “Calamar” involucra a varios exfuncionarios acusados de presuntos actos de corrupción administrativa durante la pasada gestión gubernamental.
