Washington D.C.– La confidencialidad de los datos fiscales de millones de inmigrantes en Estados Unidos se encuentra en el centro de un debate legal y administrativo, tras un acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para compartir información. Este convenio, que busca facilitar la localización de personas indocumentadas, ha generado profunda preocupación y un limbo judicial que afecta directamente a las comunidades migrantes.
Cada año, más de 150 millones de estadounidenses se dedican a preparar sus declaraciones de impuestos, un proceso que abarca a todos los segmentos de la población, desde trabajadores hasta jubilados y estudiantes. Para el IRS, esta es una operación masiva que emplea a 90,000 trabajadores a tiempo completo y cuenta con el apoyo de más de 195,000 contadores públicos autorizados (CPAs) y 65,000 agentes registrados (EAs), además de miles de preparadores sin credenciales.
Entre estos contribuyentes se encuentran millones de inmigrantes, tanto con estatus legal como indocumentados, quienes aportan miles de millones de dólares a la economía del país anualmente. Para los indocumentados, el cumplimiento fiscal, a menudo realizado mediante el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), ha sido por décadas una práctica de orgullo y una demostración de su contribución, así como una obligación legal para evitar multas del IRS.
La situación cambió en agosto pasado, cuando el IRS y el ICE comenzaron a implementar un acuerdo firmado en abril por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Este acuerdo estipula que ICE presentará datos básicos de contribuyentes presuntamente infractores de leyes migratorias, y el IRS confirmará y ampliará dicha información para ayudar a las autoridades de inmigración a localizar a las personas.
Esta medida provocó una fuerte reacción. A finales de ese mes, 250 organizaciones pro-inmigrantes publicaron un manifiesto contra el acuerdo, destacando el dilema de los inmigrantes: cumplir con sus obligaciones fiscales y arriesgarse a la deportación, o replegarse una vez más detrás de las sombras, desapareciendo del contexto económico formal del país.
El panorama legal es complejo y contradictorio. En noviembre, una jueza federal en Massachusetts declaró el acuerdo ilegal, bloqueando el uso de direcciones fiscales para deportaciones y priorizando la confidencialidad garantizada por la ley. La jueza también prohibió a ICE emplear información obtenida del IRS, señalando la dificultad de identificación debido a domicilios compartidos y apellidos comunes entre muchas familias migrantes. Sin embargo, días después, un panel de tres jueces federales en Washington D.C. rechazó una apelación de organizaciones comunitarias, permitiendo lo contrario.
La situación se agravó con la filtración de 42,695 datos de contribuyentes que habían presentado sus impuestos y que no figuraban en las listas de ICE. A pesar de estas acciones, la organización comunitaria UnidosUS afirmó esta semana que “Ningún tribunal ha autorizado aún el intercambio de datos del IRS con ICE”, subrayando el limbo judicial existente.
Este acuerdo ha transformado al IRS en un actor clave en la búsqueda de indocumentados, lo que llevó a la dimisión del comisionado en funciones de la agencia el año pasado en protesta por la controvertida medida. Críticos argumentan que esta acción viola la confianza depositada por los inmigrantes en la confidencialidad de sus datos y podría sentar un precedente para que el gobierno acceda a información de contribuyentes en general sin necesidad de obtener una orden judicial, como lo exige la ley.
A pesar de los riesgos, la opinión generalizada entre expertos es que los inmigrantes deben continuar presentando sus impuestos para demostrar “buena conducta moral” y residencia continua, aspectos esenciales para futuros procesos migratorios. La no declaración de impuestos se considera evasión fiscal. Sin embargo, se aconseja consultar con un abogado de inmigración para evaluar riesgos y considerar el uso de casillas de correo privadas para actualizar direcciones en lugar de las de su residencia.
El IRS, por su parte, estaría esperando un fallo judicial definitivo antes de entregar más información. De la lista de 1,280,000 adultos enviados por ICE para su verificación, menos de 100,000 han sido verificados hasta ahora.
Esta cooperación ha sido objeto de amplia condena. El Washington Post, en un editorial de la semana pasada, opinó que “La infracción de la ley del IRS insulta a todos los contribuyentes” y criticó sus implicaciones para todos los ciudadanos. Se estima que una caída de solo el 10% en las contribuciones de los inmigrantes costaría al gobierno 8,600 millones de dólares anualmente.
Este “dilema cruel” para las comunidades migrantes subraya la compleja intersección entre la política fiscal y la migratoria en Estados Unidos.
