Los Ángeles.- La Administración Trump ha establecido un nuevo procedimiento de regulación que busca evitar la explotación de inmigrantes o fraudes cometidos por intermediarios de matrimonio internacionales, quienes cobran por servicios de citas y búsqueda de pareja entre ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos y extranjeros.
El Departamento de Justicia (DOJ) publicó este martes en el Registro Federal la norma que endurece los procedimientos de aplicación de la Ley de Regulación de Agencias de Matrimonio Internacional de 2005 (IMBRA), diseñada para proteger a las parejas extranjeras, tanto novios como cónyuges, de ciudadanos estadounidenses frente a posibles abusos o violencia doméstica.
La regla está dirigida a las empresas que operan como intermediarios matrimoniales internacionales (IMB), quienes no facilitan la información requerida a los extranjeros para servicios de intermediación matrimonial o divulgan indebidamente información prohibida. Según el DOJ, esta norma es necesaria para disuadir los matrimonios fraudulentos y la explotación de inmigrantes captados por los IMB.
Una agencia matrimonial internacional (IMB) generalmente se refiere a una persona o empresa que cobra honorarios por proporcionar servicios de citas, matrimonio o búsqueda de pareja que conectan a ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales con extranjeros. La ley estadounidense establece que la agencia matrimonial internacional debe proporcionar información a los extranjeros sobre sus futuras parejas, como antecedentes penales, registros como delincuentes sexuales y matrimonios anteriores.
Los datos deben ser entregados en el idioma natal del extranjero, además de informar sobre sus derechos legales y los recursos disponibles, y obtener su consentimiento por escrito. La IMBRA también prohíbe a las agencias matrimoniales internacionales proporcionar información de contacto, fotografías o cierta información de antecedentes sobre cualquier persona menor de dieciocho años.
El principal cambio introducido por esta norma del Departamento de Justicia es establecer un procedimiento formal para investigar, adjudicar y sancionar las presuntas violaciones de la IMBRA. También establece multas de 5.000 a 25.000 dólares a las empresas que cometan infracciones.
