NUEVA YORK.- La Administración del expresidente Donald Trump está evaluando la posibilidad de ordenar una exención temporal a la “Ley Jones“, también conocida como Ley de la Marina Mercante, con el objetivo de contrarrestar el aumento en los costos del petróleo, sus derivados y otros productos, exacerbado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó ayer que, “en aras de la defensa nacional, la Casa Blanca está considerando suspender la Ley Jones por un periodo limitado de tiempo para garantizar que los productos energéticos vitales y los suministros agrícolas esenciales fluyan libremente hacia los puertos de EE. UU.”. La portavoz aclaró que la medida aún no se ha concretado.
Esta acción busca flexibilizar las normativas de transporte marítimo impuestas por el gobierno federal.
La Ley Jones, promulgada en 1920, estipula que el transporte de mercancías entre puertos estadounidenses y territorios como Puerto Rico debe realizarse en buques construidos, abanderados y tripulados en Estados Unidos. Su propósito inicial fue fortalecer la seguridad nacional y proteger la industria marítima estadounidense después de la Primera Guerra Mundial.
Los detractores de la Ley de la Marina Mercante argumentan que su aplicación genera un incremento en los costos de transporte y operación.
En Puerto Rico, una isla que importa más del 80% de sus productos, diversos sectores han señalado que la ley tiene un efecto negativo en cadena, resultando en aumentos de precios para los consumidores.
Según informes, la suspensión o dispensa de esta norma facilitaría que embarcaciones extranjeras transporten combustible entre puertos estadounidenses, lo que podría reducir las interrupciones en el suministro y, consecuentemente, disminuir los costos.
La última vez que el gobierno de Estados Unidos autorizó una exención de la ley fue en 2022, durante la Administración Biden, específicamente para abordar la emergencia provocada por el huracán Fiona en Puerto Rico.
En aquella ocasión, Alejandro N. Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional (DHS), aprobó la exención temporal a solicitud del gobernador de la isla, Pedro Pierluisi.
El objetivo era permitir que buques con bandera extranjera, provenientes de Estados Unidos, pudieran transportar combustible al territorio, posibilitando una respuesta más eficaz y oportuna a la emergencia y a la falta de electricidad.
Un comunicado del DHS del 28 de septiembre de 2022 citó a Mayorkas diciendo: “En respuesta a las necesidades urgentes e inmediatas del pueblo puertorriqueño tras el huracán Fiona, he aprobado una exención temporal y específica de la Ley Jones para garantizar que los habitantes de Puerto Rico cuenten con suficiente diésel para el funcionamiento de los generadores necesarios para la electricidad y las instalaciones críticas durante su recuperación. La decisión de aprobar la exención se tomó en consulta con los Departamentos de Transporte, Energía y Defensa para evaluar la justificación de la solicitud y con base en las aportaciones del Gobernador de Puerto Rico y otras personas que apoyan las labores de recuperación sobre el terreno”.
Mayorkas añadió que la Ley Jones es “fundamental para mantener la fortaleza de la industria naval y marítima estadounidense”.
“Cuando no se dispone de buques con bandera estadounidense para satisfacer las necesidades de defensa nacional, el Departamento de Seguridad Nacional puede otorgar una exención de la Ley Jones si los envíos propuestos son de interés para la defensa nacional y tras una evaluación exhaustiva del asunto”, argumentó el entonces secretario.
Se recordó que en 2020, el Congreso eliminó la facultad del gobierno federal para emitir exenciones del estatuto a largo plazo, excepto en casos donde se requiera una exención para “abordar un efecto adverso inmediato en las operaciones militares”.
Diversas partes interesadas, incluidos líderes del Congreso, han cuestionado la aplicación de la ley, argumentando que no se adapta a los tiempos actuales y pone en riesgo la vida de ciudadanos en territorios como Puerto Rico durante desastres naturales.
La congresista de origen puertorriqueño Nydia Velázquez presentó, el 30 de septiembre de 2022, la Ley de Recuperación de Puerto Rico (Puerto Rico Recovery Act), con el fin de exigir al DHS eximir del estatuto a embarcaciones u operadores que demuestren su intención de brindar ayuda humanitaria a Puerto Rico. Las exenciones serían válidas por un año o hasta el fin de la Declaración de Desastre Mayor para Puerto Rico, lo que ocurra primero. Un proyecto similar en el Senado fue introducido por Mike Lee, republicano de Utah.
“En demasiadas ocasiones, la Ley Jones ha obstaculizado los esfuerzos de recuperación en ciertas zonas de EE.UU. devastadas por desastres naturales”, declaró la representante de Nueva York en aquel entonces.
“Tras el huracán María, vimos las consecuencias que la Ley Jones tuvo en Puerto Rico, por lo que presenté un proyecto de ley que le impondría una moratoria de cinco años. Lamentablemente, estamos presenciando otro doloroso recordatorio de cómo obstaculiza una pronta recuperación, luego de que el huracán Fiona devastara la isla la semana pasada. Por ello, me uno al senador Mike Lee para presentar la Ley de Recuperación de Puerto Rico, que otorgará una exención de un año de ciertas restricciones de la Ley Jones a los buques que transporten ayuda humanitaria a Puerto Rico para las zonas afectadas por el huracán Fiona”, añadió.
En respuesta al inminente plan de Trump para una nueva dispensa, la administración de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, indicó que se mantienen vigilantes.
“El gobierno de Puerto Rico se mantiene atento a cualquier determinación que pueda tomar el gobierno federal en relación con la Ley Jones”, declaró el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Jean Peña Payano.
El funcionario añadió que la prioridad del Gobierno es monitorear el funcionamiento de los mercados energéticos “para proteger a los consumidores y asegurar la estabilidad en el suministro de bienes esenciales”.
En un comunicado emitido este jueves, la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) informó que los precios del petróleo crudo habían superado la barrera de los 100 dólares por barril en múltiples ocasiones durante los últimos días. “Para ayudar a contrarrestar el alza de los precios, Estados Unidos anunció que liberará 172 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas a lo largo de cuatro meses. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de la Agencia Internacional de la Energía para liberar un total de 400 millones de barriles de petróleo, lo que constituye la mayor liberación de emergencia de su historia”, indicaron desde la AAA.
El Departamento del Tesoro federal anunció ayer que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, hasta el 11 de abril, como medida para atajar el aumento en costos.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó por la red social X que cientos de millones de barriles de petróleo podrían ingresar al mercado si se eliminan las sanciones a Rusia.
