Santo Domingo.- La Asociación Dominicana de Fabricantes de Calzados (Adocalza) aseguró este viernes que los fabricantes nacionales adjudicados en el proceso de adquisición de calzado escolar del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) cuentan con la capacidad productiva necesaria para cumplir con las cantidades contratadas y realizar las entregas dentro del tiempo establecido.
Durante una rueda de prensa realizada en las instalaciones de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), el presidente de Adocalza, Lemuel Ángeles, aseguró que las empresas miembros de la asociación disponen de las fábricas, maquinarias, personal y experiencia necesarios para responder a los requerimientos del Estado.
Ángeles aclaró que en uno de los procesos se permitió la participación de importadores y señaló que el calzado ofertado por estos era “muy diferente” al que habitualmente producen los fabricantes nacionales. “Nosotros, como asociación y como productores nacionales, garantizamos los zapatos producidos a nivel nacional y las fábricas que son miembros de nuestra asociación”, afirmó Ángeles.
Explicó que Adocalza está integrada por 23 fabricantes, de los cuales 13 resultaron adjudicados en el proceso identificado como INABIE-MAE-PEUR-2026-0003, calificado como de urgencia. Indicó que los otros fabricantes no mostraron interés en participar debido a la naturaleza de este procedimiento.
Ángeles señaló que los fabricantes adjudicados cuentan con estructuras productivas desarrolladas durante años y mantienen sus operaciones durante todo el año, lo que les permite preservar los empleos formales y disponer de la capacidad necesaria para atender las cantidades requeridas.
Indicó además que los fabricantes nacionales están participando en el proceso por casi 600 mil pares de zapatos, destinados a estudiantes del sistema público.
El presidente de Adocalza también respaldó los mecanismos implementados por INABIE para fortalecer la evaluación de los oferentes en el proceso correspondiente al año lectivo 2026-2027. Destacó como un avance la incorporación de una metodología que relaciona la capacidad instalada de las empresas, sus instalaciones y maquinarias con la mano de obra formal registrada en la Seguridad Social, al considerar que este mecanismo permite evaluar de manera más objetiva la capacidad productiva de cada oferente.
La asociación aclaró que no cuestiona la actividad legítima de importadores, distribuidores o comercializadores, pero consideró necesario diferenciar entre la comercialización de un producto y su fabricación en República Dominicana. Asimismo, Adocalza sostuvo que los cuestionamientos surgidos en procesos anteriores no deben trasladarse al procedimiento actual, debido a que este incorpora criterios y mecanismos de evaluación diferentes.
En ese sentido, rechazó que situaciones particulares puedan utilizarse para presentar a toda la industria dominicana del calzado como incapaz de responder a las necesidades del Estado. Adocalza reiteró que no solicita privilegios ni adjudicaciones automáticas para sus miembros, sino procesos transparentes en los que los fabricantes nacionales sean evaluados conforme a su verdadera capacidad productiva.
La asociación sostuvo que la producción nacional y la eficiencia del gasto público pueden avanzar de manera conjunta, al considerar que las compras estatales a empresas que fabrican localmente contribuyen a sostener empleos formales, inversiones y una cadena productiva nacional.
