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Aduanas bajo la lupa: RD$18,967 millones en irregularidades que desnudan un sistema sin control
Santo Domingo. Una auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) a la Dirección General de Aduanas (DGA) ha puesto al descubierto 44 tipos de irregularidades financieras, contables y administrativas durante el período 2016-2019, por un monto cuantificado de RD$18,967,840,743. Otros seis hallazgos ni siquiera pudieron ser valorados por falta de documentación.
La fiscalización, que examinó principalmente la gestión de Enrique Antonio Ramírez Paniagua (16 de agosto de 2016 – 16 de agosto de 2020), cierra con la conclusión más severa que puede emitir un auditor: opinión adversa. En lenguaje técnico, eso significa que los estados financieros de la DGA no reflejan razonablemente su realidad.
No se trata, aclara el propio informe, de una acusación de que todo ese dinero fue sustraído. Es la suma de todo lo que el Estado no pudo validar, rastrear o justificar. Pero el retrato que emerge es el de una institución donde el control interno era, en la práctica, decorativo.
El agujero negro: RD$11,164 millones fuera del Tesoro
La partida más grave, por su magnitud y por lo que implica, es la de RD$11,164,213,895 en ingresos no depositados en la Cuenta Única del Tesoro.
La Cuenta Única es el corazón del sistema financiero público: todo lo que recauda el Estado debe pasar por ahí para tener trazabilidad. Cuando esos recursos circulan por fuera, se pierde la capacidad de saber con certeza cuánto entró, en qué se gastó y quién lo autorizó. Se debilita el control presupuestario y se abre la puerta a la discrecionalidad.
A esa falla se suman RD$3,662,724,405 en operaciones sin ningún documento de respaldo —sin facturas, sin autorizaciones, sin contratos— y RD$2,236,274,768 en inventarios que nunca fueron contados físicamente. Solo esas tres partidas concentran casi el 90% del monto observado y revelan lo mismo: la DGA operaba sin verificar lo que tenía, lo que gastaba ni lo que recaudaba.
Compras a la medida y obras sin plan
En materia de contrataciones, la auditoría describe un patrón sistemático de excepciones convertidas en regla.
Se detectaron pagos por RD$128.1 millones y RD$8.4 millones sin procedimiento de selección adecuado, fraccionamiento de compras por RD$69.7 millones para evadir los umbrales de licitación, y adquisiciones por RD$21 millones sin contrato.
También hubo obras por RD$40.1 millones que no estaban en el Plan Anual de Compras y una declaratoria de urgencia por RD$29.6 millones sin el informe pericial que la ley exige para justificarla. A eso se agregan pagos en exceso y partidas duplicadas en obras.
Cuando la urgencia y el fraccionamiento sustituyen la licitación, advierten los auditores, se sacrifica la competencia y la igualdad entre oferentes.
Nóminas paralelas y bonos fantasma
El capítulo laboral exige, según el informe, respuestas urgentes. Se pagaron RD$14.2 millones en indemnizaciones por encima de lo legal y RD$32.2 millones a personal al que no le correspondía.
Más delicado aún: se identificaron empleados de Aduanas cobrando simultáneamente en nóminas de otras entidades, por RD$19.2 millones y RD$8.7 millones, además de RD$812,955 en bonos navideños entregados a personas no verificadas en nómina.
Son indicios administrativos que deberán investigarse bajo el debido proceso para determinar si hubo duplicidades, incompatibilidades o simple desactualización de los registros.
Impuestos no retenidos y deudas sin cobrar
En el frente tributario, la DGA —precisamente la institución llamada a hacer cumplir la ley fiscal— dejó de aplicar retenciones del impuesto sobre la renta por RD$389 millones.
A eso se suman RD$210.7 millones en acuerdos de pago que nunca fueron registrados como cuentas por cobrar y RD$274.3 millones en desembolsos sin facturas. Hay además RD$307 millones en cuentas por cobrar vencidas que podrían ser irrecuperables.
En el patrimonio, el desorden es similar: vehículos fuera de la póliza de seguro, bienes ya subastados que seguían figurando como activos, mobiliario por RD$14.7 millones que no fue localizado y títulos de propiedad que no están a nombre de la institución.
¿Y ahora qué?
La Cámara de Cuentas no se limitó al diagnóstico. Ordenó a la DGA presentar un Plan de Acción Correctivo en 25 días calendario, restituir los pagos duplicados o improcedentes y aplicar de manera estricta las leyes 10-04, 340-06 de Compras y Contrataciones, 423-06 de Presupuesto y 10-07 de Control Interno.
El valor real de esta auditoría, sin embargo, no está en sus 18,967 millones. Está en lo que ocurra después. Sin recuperación de fondos, sin sanciones cuando corresponda y sin una reforma verificable de los controles, advierte el propio espíritu del informe, este documento corre el riesgo de convertirse en otra advertencia archivada.
Porque la pregunta de fondo no es solo dónde están esos RD$11,164 millones que nunca llegaron al Tesoro. Es cómo fue posible que durante cuatro años nadie los extrañara.
Luis Castillo




