Caracas.- El empresario colombiano Alex Saab, figura central en diversas controversias y señalado como presunto «testaferro» del presidente venezolano Nicolás Maduro, ha tenido una trayectoria marcada por acusaciones de corrupción y un intrincado historial legal que acaparó titulares internacionales.
El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela había señalado que Saab se encontraba “incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América”, justificando así acciones en el marco de la legislación migratoria venezolana.
La saga legal de Saab comenzó con su detención el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, durante una escala de su avión en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal, por presunto blanqueo de dinero. A pesar de que el Gobierno de Venezuela alegó que Saab había sido nombrado enviado especial en 2018 para misiones oficiales en Irán, lo que le otorgaba inmunidad diplomática, fue extraditado a EE.UU. en octubre de 2021 para enfrentar cargos de conspiración para lavar dinero.
El empresario permaneció preso en EE.UU. entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, cuando regresó a Venezuela tras recibir un indulto del gobierno del entonces presidente Joe Biden. Su liberación fue parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela, que también implicó la puesta en libertad de diez ciudadanos estadounidenses y una veintena de presos políticos venezolanos. A su llegada a Venezuela, el presidente Maduro lo calificó como “un hombre valiente y patriota” que “resistió por 40 meses las condiciones más adversas y dolorosas de secuestro”.
En Venezuela, el Gobierno de Maduro lo había catalogado como diplomático en 2020. Posteriormente, lo designó presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) en enero de 2024. Previamente, en octubre de 2023, había sido nombrado ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido en enero de 2024 por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, en un contexto de cambios en el gabinete. Desde entonces, Saab mantuvo un perfil más bajo, mientras su esposa, Camilla Fabri, continuó su rol como presidenta del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.
Las acusaciones contra Saab se remontan a 2017, cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo señaló como uno de los testaferros de Maduro. Años antes, el portal de periodismo de investigación Armando.info ya había reportado que Saab presuntamente formaba parte de una red de lavado de activos que obtuvo millones de dólares a través de la exportación ficticia de alimentos a Venezuela. El medio desveló que en 2011, Saab firmó un contrato con el Gobierno de Hugo Chávez para proveer casas prefabricadas para el plan Misión Vivienda.
A raíz de estas revelaciones, Saab demandó a los periodistas de Armando.info por presunto delito de difamación e injuria, lo que los obligó a huir de Venezuela tras recibir amenazas y ver divulgada su información personal, según denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Saab, de 54 años, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, cobró notoriedad tras las acusaciones de Ortega. Se le ha vinculado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios para los programas gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Según investigaciones, con el programa CLAP, Saab y tres hijastros de Maduro se lucraron con “cientos de millones de dólares”.
Las autoridades de Colombia también buscan a Saab por presunto concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada. En EE.UU., fue acusado de conspirar con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas en Venezuela, un delito por el que se solicitaban 20 años de prisión.
