Jerusalén.- El alto el fuego en la Franja de Gaza cumple ocho meses desde que entró en vigor, pero se enfrenta a crecientes cuestionamientos sobre su efectividad. Aunque el acuerdo frenó parcialmente las hostilidades, la situación sobre el terreno sigue marcada por la violencia, el deterioro humanitario y el estancamiento político.
Desde la entrada en vigor de la tregua el 11 de octubre de 2025, cerca de 950 gazatíes han muerto en ataques israelíes, mientras que el balance total de víctimas desde el inicio de la ofensiva, en octubre de 2023, ronda los 73,000 fallecidos y supera los 173,000 heridos.
La población civil continúa enfrentando condiciones extremas. Más de dos millones de personas sobreviven en tiendas de campaña o refugios improvisados, con acceso limitado a servicios básicos, agua potable y atención médica.
La acumulación de basura, escombros y aguas residuales ha provocado la proliferación de plagas de roedores e insectos en numerosos campamentos de desplazados. Las autoridades sanitarias y organismos internacionales han advertido sobre el aumento de infecciones respiratorias, enfermedades cutáneas y casos de diarrea relacionados con las precarias condiciones de vida.
Según estimaciones de la ONU, en Gaza se acumulan alrededor de 61 millones de toneladas métricas de escombros. Además, cerca del 83 % de los edificios, incluidas viviendas, universidades y mezquitas, han sido destruidos o presentan daños significativos, dificultando cualquier intento de reconstrucción.
A esta situación se suma la falta de suministro eléctrico directo desde Israel, que permanece suspendido desde octubre de 2023, salvo una línea destinada a una planta desalinizadora. La población depende principalmente de generadores y paneles solares para cubrir necesidades esenciales.
Pese al acuerdo de alto el fuego, Israel controla actualmente alrededor del 64 % de la Franja de Gaza, una cifra superior al 53 % contemplado inicialmente en los términos pactados. El Ejército israelí amplió su presencia mediante modificaciones de las zonas de seguridad, incluyendo la denominada “línea naranja”, que incrementa el área bajo coordinación militar.
La concentración de población en espacios cada vez más reducidos ha agravado la presión sobre los servicios básicos. La mayoría de los desplazados permanece en las áreas de Gaza capital, Deir al Balah y Jan Yunis.
Mientras tanto, continúan registrándose bombardeos, operaciones con drones y acciones militares navales. Israel sostiene que estas operaciones buscan neutralizar amenazas vinculadas a Hamás, aunque diversas organizaciones han denunciado la muerte de civiles, incluidos mujeres y niños, en zonas próximas a las líneas de separación.
El proceso político también atraviesa una fase de estancamiento. Entre los compromisos pendientes figuran el cese completo de las hostilidades, la mejora del acceso humanitario y la implementación de mecanismos de gobernanza para la Franja.
Uno de los pocos avances concretos ha sido el intercambio de 20 rehenes israelíes vivos y una treintena de cuerpos por cerca de 2,000 presos palestinos procedentes de Gaza y Cisjordania.
Sin embargo, la segunda fase del denominado plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump permanece prácticamente paralizada. Hamás mantiene su rechazo a la desmilitarización mientras no se complete la retirada israelí del enclave.
Las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás, mediadas por Egipto y Catar, continúan sin resultados significativos, en un contexto regional marcado por las tensiones con Irán y la persistente inestabilidad en Oriente Medio.
