El Salvador.- Cientos de personas han muerto en prisión y más de 90.000 fueron detenidas arbitrariamente bajo el régimen de excepción que sustenta la guerra antipandillas en El Salvador, lo que constituiría «crímenes de lesa humanidad», denunció el miércoles Amnistía Internacional (AI).
El presidente Nayib Bukele, quien aspira a un tercer mandato de seis años en las elecciones de febrero próximo, gobierna con amplios poderes y bajo un estado de excepción que, desde 2022, permite las detenciones sin orden de un juez.
Según un informe de AI titulado «Seguridad sin derechos», bajo ese régimen se han documentado «al menos 470 muertes en centros de detención» hasta diciembre pasado. La oenegé salvadoreña Socorro Jurídico eleva el número de muertos hasta la fecha a 547, e incluso advierte que podrían «superar muchas más de mil».
«En varios casos se registraron lesiones incompatibles con las causas oficiales de muerte o indicios de violencia física y negligencia médica», agregó AI en el documento. De acuerdo con esta oenegé, la mayoría de los fallecidos ni siquiera habían sido condenados y su vida «dependía por completo del Estado». «Ninguna de estas muertes ha dado lugar a una investigación efectiva» para identificar a los responsables, dijo Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional, al presentar el reporte en línea.
«Hay madres que recorrieron cárceles por semanas sin saber dónde estaban sus hijos, personas detenidas sin conocer las razones (…), familias que recibieron el cuerpo sin vida de un ser querido sin una explicación convincente sobre su muerte», afirmó Piquer.
El documento también indica que más de 90.000 personas fueron capturadas «arbitrariamente».
Las detenciones masivas, las denuncias sistemáticas de tortura, las desapariciones forzadas y las muertes bajo custodia estatal «no pueden entenderse como incidentes aislados, sino como parte de un patrón de abusos que, por su escala y organización, podrían constituir crímenes de lesa humanidad», subrayó el informe.
Esta denuncia se suma a la de un grupo de juristas internacionales que, en marzo pasado, también acusó al gobierno de Bukele de graves violaciones a los derechos humanos, como torturas y desapariciones, que podrían representar crímenes contra la humanidad.
La guerra contra las pandillas de Bukele redujo la violencia a mínimos históricos en El Salvador y convirtió al mandatario derechista en uno de los más populares de Latinoamérica. Pero su estrategia, cuyo símbolo es una megaprisión para pandilleros, también es criticada porque derivó en la concentración de todos los poderes del Estado, lo que en 2025 le permitió instaurar la reelección indefinida.
