Guayaquil.- El Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía de Ecuador detonó de manera controlada este jueves un artefacto explosivo que había sido abandonado en los exteriores del Complejo Judicial Norte de Quito y que tenía un mensaje con amenazas hacia jueces.
La alerta llegó a través de una llamada al sistema nacional de emergencias ECU 911 y el Consejo de la Judicatura de Pichincha, cuya capital es Quito, suspendió de manera temporal los servicios, que se reanudaron nuevamente sobre las 10:00 hora local.
El coronel Germán León, jefe policial de Quito, explicó que al momento no tienen indicios de las personas que dejaron el explosivo, que denominó como «improvisado», en los exteriores del edificio, y que tenía un panfleto con un mensaje que «iba dirigido a los jueces», para que «tomen correctivos» en algunos casos que se juzgan en ese lugar.
Sin embargo, León aseguró que iban a revisar las cámaras de seguridad que están en la zona, a realizar entrevistas y otros procedimientos para intentar encontrar a los responsables.
El oficial señaló que en lo que va del año han tenido al menos tres alertas por supuestos artefactos explosivos abandonados en algunas zonas de la ciudad, aunque algunas han sido falsas.
La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces expresó su «profunda preocupación» por el explosivo y la amenaza y aseguró que «no es un hecho aislado».
«Este episodio se suma a una serie de acontecimientos que reflejan la creciente vulnerabilidad en la que desarrolla sus actividades la Función Judicial», dijo la organización, que añadió que desde hace varios años han advertido sobre la necesidad de fortalecer la seguridad para quienes administran justicia.
El pasado 14 de junio, una fiscal fue asesinada en la provincia costera de Manabí, y el 11 de mayo pasó lo mismo con una jueza de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.
Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas del crimen organizado, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años.
Pese a esa declaración, 2025 cerró con un récord de 9,281 asesinatos, que equivale a una tasa de más de 50 homicidios por cada 100,000 habitantes, uno de los índices más altos de Latinoamérica.
