Santiago.- El director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Fernando Puig, calificó como lamentable y bochornoso el caso que sacude al sector salud, al considerar que expone serias debilidades en el régimen de consecuencias del país y pone en entredicho la confianza ciudadana en las instituciones.
Puig reaccionó a la decisión emitida la noche del domingo por un tribunal, en un proceso que, a su juicio, se ha desarrollado bajo una fuerte presión social debido a la magnitud del expediente y a las informaciones que han salido a la luz.
Señaló que hechos de esta naturaleza resultan aún más graves por tratarse de un sector “delicado y altamente sensible”, como es el de la salud, con impacto directo en la población.
“Definitivamente adolecemos de un sistema que lleve los delitos hasta sus últimas consecuencias”, expresó el dirigente empresarial, al manifestar su esperanza de que este proceso marque un punto de inflexión real en la lucha contra la corrupción y no quede, como otros, en simples sanciones parciales.
En ese sentido, Puig enfatizó la necesidad de revisar los privilegios otorgados por la delación, advirtiendo que cualquier beneficio debe ser proporcional al valor, alcance y trascendencia de la información suministrada.
Asimismo, recordó que en casos anteriores estos mecanismos han terminado favoreciendo de forma “indignante” a actores clave, sin que se logre alcanzar al último eslabón de la cadena de responsabilidades.
Precisó que las medidas de coerción no constituyen una condena definitiva, sino una etapa procesal destinada a garantizar el desarrollo del juicio de fondo.
No obstante, abogó por que el proceso avance con celeridad, transparencia y respeto a la dignidad y a los derechos de todos los involucrados, conforme a lo establecido en la ley.
Reiteró el respaldo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago a toda iniciativa orientada a transparentar, juzgar y sancionar los actos que lesionen los fondos públicos y privados, subrayando que la exigencia social debe ser mayor cuando se trata del sector salud, por su carácter esencial.
Cabe recordar que el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros seis imputados en el caso Senasa. De igual forma, el tribunal dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica para Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, acogiendo un pedimento del Ministerio Público.
El magistrado Rigoberto Sena ordenó que Hazim, exdirector de Senasa, cumpla la medida en la cárcel de Najayo, mientras que también se dictó prisión preventiva contra Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz y Germán Rafael Robles Quiñones.
