Santo Domingo.- La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha establecido el uso obligatorio del Sistema de Información de Control Externo de Entidades Públicas (SICEEP) para la rendición de cuentas de los gobiernos locales. Esta medida clave, que busca modernizar y optimizar los procesos administrativos, entrará en vigor a partir del 1 de junio de 2026.
La disposición abarca a todos los ayuntamientos de los municipios, el Distrito Nacional, y las juntas de los distritos municipales. Estas entidades deberán emplear la plataforma SICEEP como el único medio oficial para la presentación de sus rendiciones de cuentas, presupuestos y ejecuciones presupuestarias.
Según la entidad, esta iniciativa forma parte de un proceso de transformación digital y modernización institucional. Su objetivo es optimizar los procesos administrativos, garantizar la transparencia y dar cumplimiento al artículo 134 del Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 18-24, que establece que las obligaciones de rendición de cuentas deben realizarse a través de canales digitales oficiales.
La Cámara de Cuentas ha especificado que, una vez la disposición entre en vigor, no se aceptará documentación en formato físico ni a través de vías electrónicas tradicionales. Todas las gestiones correspondientes al ejercicio fiscal 2026 y periodos subsiguientes deberán realizarse exclusivamente mediante la plataforma digital SICEEP.
La institución ha dispuesto canales de asistencia para las entidades locales, con el fin de facilitar la adaptación al nuevo sistema y resolver posibles inquietudes. Estos incluyen los números telefónicos (809) 682-3290 (extensiones 340, 3406 y 3407), la línea directa (809) 682-3425 y el móvil (829) 421-0966, así como el correo electrónico glocales@camaradecuentas.gob.do. Adicionalmente, se ofrecerá atención presencial en la sede principal de la Cámara de Cuentas en Santo Domingo y en su Oficina Regional de Servicios en Santiago de los Caballeros, para las entidades de la región Norte.
La Cámara de Cuentas reafirmó su compromiso con la transparencia en la gestión de los recursos públicos y ha exhortado a las autoridades locales a realizar con antelación los procesos de inscripción y capacitación necesarios para garantizar el cumplimiento efectivo de la nueva normativa.
