Santo Domingo.-
El ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, desmintió enfáticamente que el acuerdo bilateral firmado con Estados Unidos, conocido internacionalmente como Third Country National Agreement (TCNA), sea un mecanismo para establecer campos de migrantes refugiados en el país. El funcionario subrayó que el convenio opera bajo criterios estrictos de temporalidad, soberanía y exclusión de poblaciones vulnerables.
“Nadie entrará a nuestro territorio sin la autorización del gobierno dominicano”, afirmó el ministro del MIREX al detallar las condiciones del memorándum, suscrito en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas.
Álvarez precisó que el acuerdo excluye expresamente a nacionales haitianos, a menores de edad no acompañados y a personas con antecedentes penales.
Asimismo, dejó en claro que el instrumento no es jurídicamente vinculante y puede ser terminado en cualquier momento por cualquiera de las partes.
“No estamos hablando de asentamientos permanentes, ni de absorción migratoria, ni de procesos judiciales prolongados en nuestro territorio”, reiteró el jefe de la diplomacia dominicana.
El canciller explicó que las personas cobijadas por el TCNA son nacionales de terceros países en tránsito que no han ingresado al sistema migratorio estadounidense y que, por tanto, tampoco han solicitado asilo en Estados Unidos.
De igual modo, aclaró que dichas personas no ingresarán al sistema migratorio dominicano ni se procesarán solicitudes de refugio en el país.
En total, se recibirían hasta treinta personas cada mes en función de las solicitudes aceptadas por las autoridades dominicanas. Según el canciller, los migrantes en tránsito permanecerán temporalmente bajo estrictos protocolos y serán retornados a sus países de origen en cuestión de días, con el acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y con el financiamiento íntegro a cargo de Estados Unidos.
Álvarez también deslindó el TCNA de otros mecanismos como los acuerdos de «Tercer País Seguro» —que transfieren al país receptor la responsabilidad de procesar solicitudes de asilo— y el Protocolo para la Protección de Migrantes (Remain in Mexico), bajo el cual los solicitantes podían permanecer fuera de territorio estadounidense durante meses o años en espera de una decisión judicial.
El canciller recordó que otras naciones de la región, entre ellas Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Honduras, han suscrito acuerdos similares con Washington, y reiteró que la posición del presidente Luis Abinader respecto a no asumir la responsabilidad de procesar solicitudes de asilo de extranjeros permanece invariable.
En el caso hipotético de que la persona no quiera ser aceptada por su país de origen, Álvarez dijo que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se encargaría de reubicar a los implicados en un tercer país.
Como contraparte de esta cooperación, Álvarez destacó los beneficios estratégicos obtenidos por República Dominicana, incluyendo el liderazgo de Estados Unidos en la aprobación de la resolución 2793 del Consejo de Seguridad de la ONU —que creó la Fuerza de Supresión de Pandillas para Haití— y la incorporación dominicana al programa Global Entry, privilegio del que gozan apenas 16 países en el mundo.
