Santo Domingo.- El juicio de fondo contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros acusados en el Caso Medusa por presunta corrupción, ha acumulado un retraso de más de un año y medio desde que el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijara su inicio para el 23 de septiembre de 2024. A la fecha, el proceso aún no ha podido comenzar.
Inicialmente, la dilación se atribuyó a una serie de incidentes y recusaciones presentadas por la defensa de Rodríguez. Los jueces Keyla Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Bautista, originalmente asignados al caso, fueron apartados por la Corte de Apelación tras estas objeciones.
Posteriormente, el Segundo Tribunal Colegiado asumió el conocimiento de la causa y estableció el 1 de mayo de 2025 como nueva fecha para el inicio del juicio. Sin embargo, diversos incidentes procesales adicionales han continuado impidiendo el comienzo efectivo de las audiencias.
El Caso Medusa investiga a los imputados por presuntamente integrar una estructura corrupta que habría desfalcado al Estado dominicano por una suma estimada en 6 mil millones de pesos.
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado, a cargo del proceso, han explicado que los constantes aplazamientos se deben a la extrema complejidad del expediente y a la gran cantidad de incidentes procesales planteados por las partes defensivas.
Detallaron que, en un ejemplo de esta complejidad, una de las defensas presentó una instancia incidental de 350 páginas, lo que requirió que el tribunal resolviera cada cuestión de manera progresiva, garantizando el análisis exhaustivo de todos los planteamientos y el respeto a los derechos de todas las partes involucradas.
Las magistradas subrayaron que, a pesar de la extensión del expediente y la naturaleza de los incidentes, el tribunal ha actuado con la debida responsabilidad para salvaguardar los derechos de defensa y el debido proceso de ley.
Entre los incidentes presentados se incluyen solicitudes de anulación de la acusación, alegando un supuesto desacato a una sentencia del Tribunal Constitucional que prohibió el uso del apelativo “Medusa” en el proceso. El expediente del caso ya supera las 12 mil páginas.
Tanto el Ministerio Público como la defensa de Jean Alain Rodríguez se atribuyen mutuamente la responsabilidad por los prolongados retrasos. Por su parte, los tribunales insisten en que la extensión del proceso es una consecuencia necesaria para asegurar el derecho de todas las partes a presentar sus alegatos y recursos.
Como parte de este proceso, el tribunal ha abierto un espacio previo al inicio del juicio de fondo para que los implicados presenten de manera oral los incidentes restantes.
Los demás procesados en el caso son: Javier Alejandro Forteza Ibarra, exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación del Ministerio Público; Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; Altagracia Guillén Calzado, excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General; Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo del Ministerio Público; y Jonathan Loanders Medina Reyes, exencargado de la División de Compras de la Procuraduría. También figuran Rafael Antonio Mercedes Marte, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Isis Tapia Stefanni, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias y Miguel José Moya.
El proceso judicial del Caso Medusa se encuentra en los tribunales desde la imposición de medidas de coerción el 13 de julio de 2021. Sin embargo, Rodríguez sostiene que el cómputo del tiempo debería iniciar el 24 de noviembre de 2020, fecha en que le fue impedida la salida del país, lo que llevaría el caso a más de cinco años de tramitación.
Es importante señalar que el Código Procesal Penal establece un plazo de cuatro años para conocer un proceso judicial, tras el cual las partes pueden solicitar la extinción de la acción penal. No obstante, los tribunales han justificado la prolongación de este caso debido a su complejidad, la magnitud del expediente y la multiplicidad de incidentes presentados por los imputados.
Un precedente relevante, conocido también por el Segundo Tribunal Colegiado, es el caso del condenado Alexis Medina, donde las juezas rechazaron la extradición, demostrando que cada decisión judicial es producto de análisis responsables y cuidadosos.
Finalmente, el tribunal ha enfatizado que el proceso contra Rodríguez incluye casi 4,000 elementos de prueba, con 21 personas y 19 empresas imputadas, y que a cada una se le debe garantizar la plena oportunidad de ejercer su defensa antes del inicio formal del juicio de fondo.
