WASHINGTON.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos inició este sábado un cierre parcial, sin una fecha definida para su reapertura. La paralización se produce por la falta de un acuerdo presupuestario en el Congreso y profundas divisiones entre republicanos y demócratas respecto a la supervisión de los agentes de inmigración, especialmente tras la muerte de dos civiles en operaciones en Mineápolis en enero.
Aproximadamente el 90% de los 270,000 empleados del DHS han sido designados como personal esencial y, por lo tanto, continuarán operando.
Sin embargo, si la paralización se extiende, estos trabajadores federales dejarán de percibir sus salarios a partir del 18 de febrero, fecha programada para el pago de las nóminas de las dos primeras semanas del mes.
La decisión de cerrar parcialmente el DHS se materializó después de que el Senado no lograra aprobar, el pasado jueves, una propuesta de ley republicana para financiar la agencia hasta septiembre. Los demócratas bloquearon unánimemente la iniciativa, argumentando la necesidad de establecer límites más estrictos a las operaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La suspensión de fondos es indefinida, ya que el Congreso no ha fijado una fecha para reanudar sus sesiones la próxima semana.
El impacto del cierre será notorio para el personal de entidades clave como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera y el Servicio Secreto, cuyos miembros también dejarán de recibir sus salarios a partir del 18 de febrero.
No obstante, el ICE se perfila como una de las dependencias menos perjudicadas. Esto se debe a que, en el marco del plan fiscal del entonces presidente Donald Trump, denominado “One Big Beautiful Bill”, el Senado le asignó 75,000 millones de dólares adicionales para gastos de funcionamiento en un ejercicio fiscal anterior.
Asimismo, la CBP había recibido partidas extraordinarias que oscilaron entre los 60,000 y 70,000 millones de dólares.
La Guardia Costera y FEMA continuarán con sus misiones críticas de rescate y respuesta a desastres, aunque deberán reducir significativamente entrenamientos, viajes oficiales y parte de sus operaciones rutinarias.
Previo al fracaso de las negociaciones en el Senado, la Administración Trump había anunciado el cese de grandes operativos contra inmigrantes en Mineápolis, un movimiento que buscaba conciliar posturas con los demócratas. Sin embargo, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, declaró que la medida era insuficiente y reiteró la necesidad de establecer políticas claras para regular el accionar de los agentes.
Los demócratas exigen que los agentes de inmigración del DHS operen con el rostro descubierto, porten identificaciones visibles y utilicen cámaras corporales, una petición que surge a raíz de las dos muertes registradas en Mineápolis.
Este es el tercer cierre federal parcial durante la Administración Trump. El primero, entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre, afectó a todas las entidades federales y se prolongó por 43 días, marcando el más largo en la historia del país.
El segundo cierre duró menos de cuatro días a principios de este mes y culminó con la aprobación de los presupuestos federales para el resto del ejercicio fiscal, con la notable excepción de las partidas destinadas a Seguridad Nacional.
