Lima.-
La Comisión de Gracias Presidenciales de Perú, órgano encargado de evaluar la excarcelación de presos por decisión del mandatario, ha declarado inadmisible una solicitud de indulto presentada por el expresidente Pedro Castillo (2021-2022). Así lo confirmó este viernes el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Según el Ministerio, la decisión se fundamenta en que la solicitud no reunía la documentación necesaria para su admisibilidad, conforme al reglamento del organismo. Dicho reglamento establece que «el acuerdo de una recomendación de gracias exige el voto unánime de sus integrantes».
Este anuncio se produce tras un comunicado previo del Ministerio de Justicia, publicado el jueves, que había rechazado «categóricamente» que se estuviera tramitando un indulto a favor de Castillo, quien fue condenado a 11 años y 5 meses de prisión por el fallido intento de golpe de Estado en 2022.
Asimismo, el Ministerio aclaró que la Comisión de Gracias Presidenciales, responsable de revisar expedientes de indulto presidencial, conmutaciones de pena y derechos de gracia, no había sido reconfigurada con nuevos comisionados, desmintiendo informaciones difundidas por varios medios locales.
Sin embargo, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha citado para el próximo 13 de mayo al titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, para que explique los criterios de designación de nuevos integrantes en la mencionada comisión.
Cabe recordar que el actual presidente interino, José María Balcázar, se había mostrado abierto a indultar a Castillo cuando fue seleccionado para liderar el gobierno de transición.
En ese contexto, pocas horas después de que Balcázar asumiera el mando transitorio en febrero pasado, el abogado Walter Ayala presentó una solicitud de indulto presidencial a favor del exmandatario Castillo, la cual, aparentemente, fue rechazada el pasado 30 de abril.
Castillo fue condenado por conspiración, tras haber emitido un mensaje a la nación el 7 de diciembre de 2022, donde ordenaba la clausura del Congreso y la intervención de la Judicatura para gobernar mediante decretos. Este intento no surtió efecto y fue detenido minutos después, cuando presuntamente se dirigía a la Embajada de México en Lima.
El exgobernante optó por esta vía al anticipar que el Congreso, controlado por una fuerte oposición, buscaría destituirlo ese mismo día, tras la aparición de indicios de corrupción que lo implicaban directamente en su administración.
