NUEVA YORK.- La concejal de Brooklyn, Alexa Avilés, ha elevado su voz de alerta contra el megaproyecto «Esencia» en Cabo Rojo, Puerto Rico, calificándolo de «paraíso» para ricos y vinculando su desarrollo con las problemáticas de gentrificación y desplazamiento que enfrentan los puertorriqueños tanto en la isla como en Nueva York.
En una entrevista exclusiva con El Diario y durante una reciente conferencia de prensa, Avilés destacó la interconexión de las luchas. «Nuestras batallas son comunes, porque los puertorriqueños aquí en la ciudad de Nueva York están peleando contra el desplazamiento todo el tiempo y también estamos viendo a puertorriqueños en NYC mudándose a otros estados porque no pueden estar aquí más. Es la misma lucha», afirmó la concejal.
Para Avilés, de origen boricua, la voz de la diáspora es fundamental en este debate, no solo por los lazos familiares, sino también porque «los desarrolladores y los inversionistas que están apoyando este proyecto están aquí en Estados Unidos, algunos en NYC«. Subrayó que «todos estos proyectos de desplazamiento están conectados. Están ocurriendo aquí a nivel local y en Puerto Rico. Y es el mismo grupo de millonarios y desarrolladores ricos que andan por ahí desplazando comunidades».
La movilización de la diáspora en Nueva York contra el proyecto surgió en respuesta a los reclamos de los puertorriqueños en la isla. «Nosotros estamos siguiendo a nuestras familias y la gente de Puerto Rico que también se está acercando a nosotros para que nos unamos a ellos en solidaridad. Nosotros estamos siguiendo a gente en Puerto Rico que está en el terreno», explicó la concejal del distrito 38 de Brooklyn. Añadió que la oposición a Esencia se ha extendido con manifestaciones en ciudades como Florida, Chicago y Nueva York, reflejando un sentir generalizado.
El proyecto Esencia, un complejo turístico residencial de lujo, se ubicará en la Carretera Estatal PR-301, Km. 5.2, Barrio Boquerón, en Cabo Rojo. Contempla el desarrollo de aproximadamente 1,389 cuerdas de un total de 1,549, e incluiría 530 habitaciones de hotel, 1,132 residencias turísticas unifamiliares y multifamiliares (con precios que oscilan entre 2 y 20 millones de dólares), dos centros urbanos con espacios comerciales y culturales, una escuela para 500 estudiantes, campos de golf, áreas recreativas, un centro de salud y servicios esenciales.
La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) de Puerto Rico emitió una «Determinación de Cumplimiento Ambiental» a finales del año pasado, condicionando el desarrollo a la implementación de infraestructura esencial como redes viales internas, una planta de tratamiento terciario de aguas sanitarias y una planta de tratamiento de agua potable. Además, exige medidas de conservación como corredores ecológicos, zonas de amortiguamiento, revegetación y la presentación de un plan de protección de flora y fauna protegida.
Sin embargo, estas condiciones no convencen a los miembros de la diáspora como Avilés, quienes sostienen que el proyecto «provocará destrucción ecológica grave y una masiva reurbanización». Anticipan el riesgo para más de 343 especies de flora (11 en peligro de extinción) y 158 especies de fauna (24 en peligro de extinción), así como el desplazamiento forzoso de puertorriqueños para privilegiar a turistas adinerados.
«Nosotros hemos visto esto una y otra vez en Puerto Rico al igual que en NYC. Vemos un organismo regulatorio que se está haciendo ciego a problemas y retos serios», aseveró Avilés, criticando que las agencias gubernamentales aprueben permisos en áreas ambientalmente sensitivas ignorando «la ciencia, la ley y las implicaciones a largo plazo» por intereses económicos o políticos.
La concejal expresó su escepticismo sobre las garantías de rendición de cuentas de los promotores del proyecto. «Yo creo que eso es básicamente diciendo, ‘yo prometo, créeme, vamos a hacer lo mejor que podemos’. Pero eso no nos da ninguna seguridad de que haya ningún acuerdo regulatorio activo que retenga la rendición de cuentas», enfatizó, citando ejemplos de privatización de playas públicas en Puerto Rico.
La semana pasada, Avilés lideró un mitin en City Hall Park, Manhattan, para manifestar el rechazo al proyecto. Carteles con leyendas como «Esencia no va» y «NY contra Esencia» fueron exhibidos. En el evento participaron la concejal de Queens, Tiffany Cabán, y activistas como David Galarza, Alberto Urbina y Eric Ramos. Un día después, manifestantes se congregaron frente a las oficinas de JPMorgan Chase en Midtown para instar al banco a detener la financiación del proyecto.
Esta acción en Nueva York forma parte de una movilización más amplia coordinada por la Coalición Defiende a Cabo Rojo (DaCR) en Puerto Rico, junto a más de 80 organizaciones del archipiélago y la diáspora. Los activistas describen el proyecto, valorado en 2,000 millones de dólares, como uno de «extracción, no de desarrollo», que acelerará el desplazamiento y la privatización.
La concejal Avilés alertó que JPMorgan Chase, la institución bancaria más grande de Estados Unidos, lidera la financiación del proyecto, junto a los desarrolladores The Reuben Brothers y Three Rules Capital, y el operador The Mandarin Oriental Hotel Group. «Lo más loco es que la mayor parte del capital de JP Morgan vienen de fondos de pensiones de la ciudad de Nueva York, dólares de pagos de impuestos que ellos usan», señaló Avilés, subrayando el rol crucial del banco en este desarrollo.
Respecto a la promesa de creación de 17,000 empleos durante la construcción y 3,000 permanentes, Avilés mostró desconfianza. «Me gustaría que todos los que dicen eso que vayan de nuevo a megaproyectos y nos digan cuántos empleos realmente se crearon para los puertorriqueños; cuántos de esos se sostuvieron por más de un año y cuáles eran los salarios para esos trabajos», cuestionó, comparando la situación con los beneficiarios de la Ley 22, que no establecen requisitos específicos de empleo a cambio de exenciones contributivas.
Otro punto central de la oposición es el acceso al agua. Puerto Rico enfrenta una crisis hídrica, con una pérdida diaria de aproximadamente el 50% del agua potable. El proyecto Esencia podría implicar un consumo de hasta 1,250 millones de galones de agua al día. Aunque los promotores plantean explotar pozos subterráneos y construir una planta de tratamiento privada, Avilés consideró la propuesta irresponsable. «Estoy profundamente preocupada que ellos quieran crear un desarrollo de este tamaño encontrando milagrosamente agua para ellos; ¿qué pasa con el resto?», preguntó.
«El Gobierno realmente tiene que asegurarse que cualquier desarrollo es responsable, factible, en términos de recursos naturales para asegurarse que otras personas no resulten afectadas, y esto no hace ningún sentido», concluyó Avilés, reiterando la necesidad de proteger los intereses de los puertorriqueños.
