Nueva York.- El concejal de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, está evaluando la continuidad de la polémica base de datos de pandillas del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), marcando un cambio en su postura inicial que abogaba por su abolición. Mamdani ha reconocido las reformas implementadas por el cuerpo policial y ahora considera sus resultados, según declaraciones recientes.
Durante una conferencia de prensa citada por Gothamist, Mamdani afirmó: “He dejado claras mis críticas a la base de datos y el Departamento de Policía de Nueva York también ha implementado varias reformas según la recomendación recibida”. Añadió que “la implementación de esas reformas y sus resultados forman parte del debate que estamos manteniendo”.
Estas declaraciones contrastan notablemente con su posición durante la campaña electoral, cuando el concejal calificó la base de datos como una “enorme red” que afectaba a jóvenes neoyorquinos de color con vínculos limitados o inexistentes con actividades delictivas. En ese entonces, respaldó activamente una iniciativa del Concejo Municipal para su eliminación. Desde que asumió el cargo, Mamdani había evitado pronunciarse extensamente sobre el tema, incluso mientras la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, ha defendido consistentemente la utilidad de esta herramienta.
Las reformas a las que alude el concejal derivan de un informe del Departamento de Investigación publicado en octubre, antes de su toma de posesión. El documento reconoció “mejoras sustanciales” en el funcionamiento de la base de datos, aunque también identificó fallas persistentes, como la falta de notificación a los padres sobre la inclusión de sus hijos en el registro y errores técnicos que mantuvieron a más de 5,800 personas en la lista más allá del tiempo permitido. La entonces inspectora general, Jeanene Barrett, advirtió en ese momento que, pese a los avances, “aún queda mucho por hacer”.
La comisionada Tisch ha enfatizado la importancia de la base de datos como una herramienta fundamental para combatir la violencia armada. En enero, la calificó así y recientemente reiteró su utilidad tras el asesinato de un bebé de siete meses en Williamsburg. “Analizaremos la base de datos de pandillas, y eso ayudará a nuestros operativos a prevenir incidentes como tiroteos de represalia”, señaló Tisch.
El sistema enfrenta una demanda federal en Brooklyn que lo impugna por presunta inconstitucionalidad. Además, datos oficiales reseñados por Gothamist indican que el 98% de las personas incluidas en la base de datos son afrodescendientes o hispanas, en su mayoría hombres entre 18 y 34 años. Aunque el registro se ha reducido cerca de un 40%, pasando de aproximadamente 14,000 personas en 2024 a unas 8,500 a finales de 2025, sigue siendo objeto de severas críticas.
Cifras policiales divulgadas en enero y recogidas por El Diario de Nueva York mostraron una caída del 24% en los tiroteos en 2025, con 688 incidentes frente a 904 el año anterior. Las víctimas por disparos se redujeron un 22%, los homicidios bajaron un 20,2% y el total de delitos graves disminuyó un 3%. Las autoridades atribuyeron estos resultados a una estrategia “basada en datos”, lo que podría incluir el uso de la base de datos de pandillas.
No obstante, organizaciones comunitarias y defensores han denunciado desde 2022 que el registro llegó a incluir al menos 17,500 nombres —y hasta más de 40,000 según estimaciones independientes—, con un 99% de jóvenes latinos y afrodescendientes. Activistas como la Coalición G.A.N.G.S. y Legal Aid sostienen que muchas personas incluidas no tienen antecedentes penales ni vínculos comprobados con pandillas, y a menudo desconocen su inclusión, lo que puede acarrear graves consecuencias legales y migratorias. “El problema no es solo la existencia de la base de datos, sino cómo se construye y cómo se usa”, han señalado.
Por su parte, el NYPD defiende el sistema, argumentando que cuenta con criterios definidos, revisiones internas y mecanismos para eliminar a personas que ya no estén vinculadas a actividades delictivas. La policía insiste en que eliminar la base de datos dificultaría la resolución de crímenes violentos y la prevención de nuevos ataques.
