SAN JUAN.- Un grupo de congresistas demócratas ha instado a la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico (JSF) a rechazar cualquier plan que prolongue casi una década de austeridad en la Universidad de Puerto Rico (UPR), una institución que ha sido escenario de recurrentes protestas estudiantiles.
Los legisladores, a través de una carta, solicitaron que el próximo plan fiscal de la UPR restablezca una inversión pública estable, garantice la protección de las pensiones, frene el aumento de las matrículas y atienda las demandas que han motivado las huelgas estudiantiles.
Esta solicitud se produce en un momento clave, previo a la inminente certificación de un Plan Fiscal revisado para la UPR por parte de la JSF, entidad creada por el Congreso de Estados Unidos con el mandato de supervisar la reestructuración de la deuda y las finanzas públicas de Puerto Rico.
La misiva fue firmada por destacados miembros del Congreso, incluyendo a Nydia M. Velázquez, Delia C. Ramírez, Jesús García, Dan Goldman, Alexandria Ocasio-Cortez, Nellie Pou, Adriano Espaillat, Pablo José Hernández y Darren Soto.
En su comunicación, los legisladores señalaron que «Durante más de una década, la Universidad de Puerto Rico se ha enfrentado a una crisis fiscal agravada por medidas de austeridad que limitan su desarrollo y la accesibilidad de los estudiantes». Asimismo, advirtieron que el debilitamiento de la educación pública pone «en riesgo el futuro» de la isla.
El sistema de la UPR, compuesto por 11 recintos, el Conservatorio de Música y la Escuela de Artes Visuales y Diseño, es el único sistema público de educación superior de Puerto Rico. Atiende a cerca de 43,000 estudiantes, lo que representa aproximadamente el 27% de la población universitaria de la isla.
Más allá de su función académica, la UPR gestiona centros de investigación vitales, un hospital, diversos programas de extensión agrícola y clínicas comunitarias gratuitas, consolidándose como líder en la investigación académica en Puerto Rico.
Desde el pasado marzo, los estudiantes han realizado manifestaciones exigiendo un aumento de la financiación y oponiéndose a la gestión de la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, y al plan fiscal propuesto.
En su carta, los congresistas instaron específicamente a la JSF a respaldar un incremento gradual de la asignación estatal al presupuesto de la UPR, limitar los costes de matrícula, fomentar la contratación y retención de personal docente y no docente, y asegurar una financiación adecuada para el Sistema de Jubilación de la UPR.
Los legisladores expresaron su preocupación: «Como miembros del Congreso que representamos a la isla o a las grandes diásporas puertorriqueñas, nos sigue preocupando que el Plan Fiscal revisado presentado por el Consejo de Gobierno de la UPR, que permanecerá en vigor hasta el año fiscal 2027, no tenga en cuenta las necesidades actuales de la Universidad».
La iniciativa recibió el respaldo de organizaciones clave como la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), la Asociación de Profesores y Profesoras del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM) y el Consejo General de Estudiantes de la UPR Recinto de Río Piedras.
