Santo Domingo.- La contaminación sónica, o ruido excesivo, se ha consolidado como el delito ambiental más denunciado en República Dominicana, registrando más de 5,000 casos mensuales a nivel nacional. Esta cifra fue revelada por el magistrado Francisco Contreras, procurador adjunto de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren).
El magistrado Contreras explicó que esta infracción, tipificada en la Ley 90-19 sobre contaminación acústica, no solo afecta la convivencia ciudadana, sino que tiene serias repercusiones en la salud física y mental de la población, provocando trastornos del sueño, ansiedad, problemas auditivos y alteraciones del sistema nervioso.
“Producir ruidos nocivos de forma constante es un delito ambiental y está sancionado con penas de uno a tres años de prisión y multas que oscilan entre uno y 30 salarios mínimos”, enfatizó Contreras. Destacó que las autoridades han logrado sentencias condenatorias en múltiples casos, incluyendo penas de uno y dos años de prisión, lo que evidencia una creciente judicialización de estos delitos.
Como muestra de la acción judicial, solo en noviembre del año pasado, las autoridades destruyeron 6,447 equipos de sonido incautados, una vez concluidos los procesos legales correspondientes. El magistrado precisó que este fenómeno se concentra principalmente en zonas urbanas, donde tanto ciudadanos como establecimientos comerciales frecuentemente exceden los límites de decibeles permitidos por la normativa, fijados entre 50 y 55 decibeles en horario diurno y entre 55 y 60 en horario nocturno.
Luego de la contaminación sónica, Contreras identificó la extracción ilegal de agregados en ríos y zonas costeras como el segundo delito ambiental más recurrente. Recordó que toda actividad de esta naturaleza requiere permisos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de certificaciones de uso de suelo. La ausencia de estas autorizaciones constituye una violación a la Ley 64-00.
“Cuando se detecta una intervención ilegal en ríos o zonas protegidas, realizamos inspecciones técnicas junto a especialistas y procedemos a la judicialización del caso”, afirmó el procurador adjunto. Estas investigaciones cuentan con el respaldo de instituciones académicas como la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Academia de Ciencias, fortaleciendo la base técnica de los procesos judiciales.
Otro grave delito que preocupa a las autoridades es la ocurrencia de incendios forestales, muchos de los cuales son provocados por prácticas agrícolas tradicionales que se descontrolan. Contreras advirtió que estos siniestros causan daños irreversibles en los ecosistemas, erradicando la biodiversidad y afectando extensas áreas boscosas. “Si los ciudadanos conocieran la magnitud del daño que causan los incendios forestales, no incurrirían en esta práctica. Se destruye todo el entorno natural”, aseguró.
El Ministerio Público ha logrado condenas contra los responsables de estos hechos, en un esfuerzo por desincentivar su ocurrencia. El procurador adjunto resaltó que en los últimos años se han obtenido sanciones más contundentes contra los delitos ambientales, incluyendo condenas millonarias.
Como ejemplos, citó el caso de un empresario condenado a dos años de prisión y al pago de 60 millones de pesos por la tala ilegal de árboles en San José de Ocoa, así como otro caso en Moca, donde se impuso una multa de 100 millones de pesos por daños derivados de actividades porcinas. “Estamos avanzando en la judicialización de los delitos ambientales, obteniendo sentencias que envían un mensaje claro de que estas prácticas no quedarán impunes”, sostuvo.
En conversación con EL DÍA, el funcionario también se refirió a la importancia de respetar las vedas de especies en peligro de extinción, como el pez loro, cuya captura y comercialización están prohibidas por su vital rol en la preservación de los arrecifes coralinos. Asimismo, alertó sobre las amenazas a las áreas protegidas, donde se han detectado ocupaciones ilegales, actividades económicas no autorizadas e incluso procesos de titulación irregular.
Ante esta situación, informó que se ha conformado una fuerza de tarea especial enfocada en la protección de estos espacios y de los recursos hídricos del país. Contreras hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar los delitos ambientales, destacando que el sistema permite realizar denuncias de manera anónima y segura.
Las denuncias pueden canalizarse a través de la Procuraduría Ambiental, el Sistema Nacional de Emergencias 911, líneas habilitadas en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía, o mediante las fiscalías ordinarias en todo el territorio nacional. “El denunciante está protegido por la normativa. Su identidad no se revela en ningún momento”, explicó.
Finalmente, Contreras enfatizó la necesidad de fortalecer la conciencia ambiental en la sociedad dominicana, señalando que la protección del medio ambiente es una responsabilidad colectiva. “Hacemos un llamado a cuidar nuestra casa común. El agua, el aire y los bosques son esenciales para la vida. Sin ellos, simplemente no podemos existir”, expresó. Aseguró que el Ministerio Público continuará reforzando sus capacidades operativas y trabajando junto a la sociedad civil para enfrentar los delitos ambientales en todas sus manifestaciones.
