Corte Suprema de EE.UU. rechaza establecer normas rígidas para evaluar discapacidad intelectual en pena de muerte

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WASHINGTON.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos desestimó este jueves un caso presentado por el estado de Alabama que buscaba establecer criterios generales para evaluar las puntuaciones de coeficiente intelectual (CI) en casos de pena de muerte que afectan a personas con discapacidad intelectual.

La mayoría de los nueve magistrados de la alta corte decidió, por una cuestión procedimental, que la causa presentada por el territorio sureño no debía usarse para fijar un baremo en este tipo de procesos. En concreto, el estado de Alabama pretendía una normativa clara en relación con su deseo de ejecutar a un hombre llamado Joseph Smith, quien, según tribunales inferiores, padece discapacidad intelectual.

El fallo del Supremo mantiene así vigente la sentencia de un tribunal de apelaciones de Atlanta, la cual estableció que las cortes deben analizar de manera holística, utilizando márgenes de error y no una aproximación rígida, los múltiples resultados en pruebas de coeficiente intelectual. También decretó que ese examen exhaustivo realizado a Smith, condenado por asesinato en la década de 1990, demuestra que el reo es discapacitado intelectual y no puede ser ejecutado con base en la Octava y Undécima enmiendas de la Constitución estadounidense.

El caso de Joseph Smith reviste particular importancia porque muchas personas en el corredor de la muerte en los 27 estados de EE.UU. que aplican la pena capital se encuentran en una situación similar, al registrar resultados diversos en pruebas de CI que las sitúan en la zona limítrofe para ser catalogadas o no como discapacitadas intelectuales.

El escrito de opinión mayoritaria del Supremo fue remitido sin firma y no ofreció justificación para su decisión. Sin embargo, una opinión concurrente firmada por las juezas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson afirmó que el caso del estado de Alabama contra Smith no era el vehículo adecuado para establecer cómo deben medirse los múltiples resultados en pruebas de coeficiente intelectual en casos de pena de muerte. «El Tribunal (Supremo) no está capacitado para brindar ninguna orientación significativa sobre cómo las cortes deben evaluar múltiples puntuaciones de coeficiente intelectual», indicaron Sotomayor y Jackson.

En contraste, los jueces conservadores Samuel Alito, John Roberts y Neil Gorsuch aseguraron en un escrito de disenso que «al guardar silencio, el Tribunal exacerba la confusión que aqueja a nuestra jurisprudencia en esta materia». Por su parte, el también conservador Clarence Thomas emitió su propia opinión disidente, afirmando que el Supremo había perdido una buena oportunidad para aclarar cómo deben manejar los jueces los distintos tests de coeficiente intelectual. También aseguró que los tribunales inferiores y la corte de apelación se equivocaron al concluir que Smith es discapacitado intelectual y que la Corte Suprema «recompensó» este jueves los esfuerzos del reo para convencer al mundo de su discapacidad.

Cabe destacar que Estados Unidos, junto con Japón, es el único país del G7 que aún aplica la pena de muerte.

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