NUEVA YORK.- Cuatro organizaciones de defensa de los derechos humanos presentaron una demanda el martes en contra del presidente estadounidense, Donald Trump, acusándolo de abuso de poder ilegal por las sanciones impuestas a miembros de la Corte Penal Internacional (CPI), medidas que según argumentan obstaculizan el acceso a la justicia para víctimas de crímenes de guerra.
La administración Trump ha implementado sanciones, incluyendo prohibición de viaje a Estados Unidos y congelación de activos en este país, contra varios jueces y fiscales de la CPI principalmente debido a sus investigaciones sobre Israel, uno de los aliados clave del país.
En una presentación ante un tribunal en Nueva York, las cuatro organizaciones, entre ellas Human Rights Watch (HRW), solicitaron que se anulen estas sanciones porque violan leyes nacionales e internacionales, incluidas las protecciones a la libertad de expresión garantizadas por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
“Se trata de un abuso de poder ilegal que constituye un ataque frontal contra el estado de derecho, la independencia de los jueces, fiscales y abogados, los preceptos básicos que sustentan el orden jurídico internacional y el principio de acceso a la justicia”, sostiene la demanda.
El texto, de 101 páginas, afirma que las sanciones afectan la “capacidad de llevar ante la justicia a los perpetradores de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, los delitos que aborda la CPI.
Las sanciones estadounidenses, aplicadas en virtud de una orden ejecutiva que Trump firmó en febrero de 2025, alcanzan a ocho jueces, tres fiscales, un experto de la ONU y tres organizaciones de derechos humanos.
Las Naciones Unidas y la Unión Europea ya habían instado a Trump a revertir medidas punitivas contra miembros de la CPI.
Muchas estaban directamente vinculadas a una orden de arresto que el alto tribunal emitió contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por la guerra en Gaza.
Washington también cuestionó las investigaciones de la CPI sobre presuntos abusos cometidos durante la guerra en Afganistán liderada por Estados Unidos.
La demanda del martes, presentada por HRW, el American Friends Service Committee, el Center for Constitutional Rights y el Open Society Institute, afirma que las sanciones causaron “un daño profundo e irreparable”.
Además de Trump, apuntan contra el secretario de Estado Marco Rubio, al secretario del Tesoro Scott Bessent, el fiscal general Todd Blanche y Bradley Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Establecida en 2002 con el respaldo de casi todas las democracias occidentales, la CPI enjuicia a personas acusadas de atrocidades y actúa como último recurso cuando los países no cuentan con sistemas jurídicos adecuados para garantizar la rendición de cuentas.
Los reparos de Estados Unidos hacia el tribunal son anteriores a Trump. Estados Unidos, al igual que Israel, no es miembro de esa jurisdicción. Rusia tampoco lo es. Su presidente, Vladimir Putin, es objeto de una orden de arresto de la CPI desde marzo de 2023.
Washington, que acusa a la CPI de representar “una amenaza intolerable para la soberanía de Estados Unidos”, prometió el mes pasado intensificar su campaña contra la CPI más allá de las sanciones existentes.
Un funcionario del Departamento de Estado dijo a la AFP que el gobierno de Trump buscará presionar a otros países para que se retiren de la CPI y le corten todo apoyo financiero.
En junio, tres jueces de la CPI sancionados por la administración Trump presentaron una demanda contra el presidente y otros altos funcionarios estadounidenses por considerar que las medidas en su contra son ilegales.
En una demanda presentada en Nueva York, la jueza canadiense Kimberly Prost, la ugandesa Solomy Balungi Bossa y la beninesa Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou dijeron que las sanciones tenían como objetivo “ejercer presión extrajudicial”.
