Santo Domingo.-
El Consejo de Defensa Técnica del mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre ha hecho público un manifiesto detallando diez puntos que, según su criterio, evidencian serias debilidades en la acusación formulada por el Ministerio Público en el denominado Caso Coral. El equipo legal también ha expresado su preocupación por los posibles riesgos que, a su entender, estos métodos podrían generar para el debido proceso, la seguridad jurídica y las libertades individuales.
El documento especifica que su objetivo no es reemplazar una decisión judicial, sino clarificar los hallazgos presentados durante el proceso y fundamentar la solicitud formal de absolución, el levantamiento de las medidas de coerción y la desestimación de pruebas que consideran carecen de idoneidad, pertinencia y regularidad procesal.
1. Imputaciones genéricas: La defensa sostiene que el Ministerio Público ha formulado acusaciones imprecisas contra Cáceres, basándose en generalizaciones sin la individualización de hechos concretos, lo cual contraviene los principios del derecho penal.
2. Debilidad en el bloque de nóminas: Se ha señalado que las personas empleadas para fundamentar el presunto esquema de nóminas no aparecen en registros oficiales, sino en listados provistos por la propia parte acusadora.
3. Ausencia de rastro bancario: No se ha logrado demostrar, mediante transferencias bancarias, que estas personas hayan recibido fondos del CUSEP, lo cual debilita la base del supuesto desfalco.
4. Testimonios inconsistentes: Varios de los declarantes no pudieron identificar el origen del dinero ni vincularlo directamente con el CUSEP, calificándose sus entrevistas como ambiguas o especulativas.
5. Omisiones en auditoría de almacén: La defensa argumenta que la auditoría ignoró controles logísticos documentados que evidenciaban registros de entrada y salida de bienes.
6. Contradicciones en ocultamiento patrimonial: Se ha demostrado que los bienes señalados como ocultos estaban debidamente declarados en documentos presentados, incluso, por el propio Ministerio Público.
7. Falta de vínculo con Plaza Randa: Los documentos técnicos presentados no respaldan la supuesta conexión entre Cáceres, la empresa CSNA y la Plaza Randa.
8. Pruebas débiles en Asociación Madre Tierra: La imputación en este punto se fundamentó en hechos no registrados en actas y en testimonios basados en rumores.
9. Análisis financiero sin trazabilidad: La defensa arguye que se intentó criminalizar operaciones financieras consideradas ordinarias sin la demostración fehaciente del origen ilícito de los fondos.
10. Cuestionamiento a la arquitectura del caso: Se ha solicitado la exclusión de múltiples pruebas por considerarse que carecen de conexión, objetividad e independencia, incluyendo peritajes cuyo origen institucional ha sido cuestionado.
El manifiesto concluye con una seria advertencia: permitir que una persecución penal se sustente en acusaciones imprecisas, pruebas insuficientes o sin trazabilidad, comprometería la presunción de inocencia y menoscabaría los cimientos del Estado de derecho.
“La lucha contra la corrupción solo fortalece a la República cuando se ejerce con rigor, limpieza y pruebas sólidas”, subraya el documento, alertando que las implicaciones de este caso de alto perfil podrían sentar un precedente para cualquier ciudadano.
El manifiesto fue formalmente presentado por el Consejo de Defensa Técnica del mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, integrado por los abogados Cristian Martínez y Romer Jiménez.
This case highlights critical principles of due process and evidentiary standards in criminal proceedings. The requirement for concrete evidence rather than generic accusations serves as a reminder that transparency and accountability are fundamental across all sectors. Just as platforms like jl boss game must maintain clear operational standards, judicial systems must uphold rigorous proof requirements to ensure justice.